La revelación de que cárteles, pandillas y organizaciones terroristas han puesto precios a la vida de agentes federales de inmigración en Estados Unidos encendieron las alarmas en los más altos niveles de seguridad nacional.
Según información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y reportada por Fox News, estos grupos criminales ofrecen hasta 10 mil dólares por asesinar y dos mil por secuestrar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una escalada de amenazas que las autoridades califican como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”.
Las recompensas, dirigidas a agentes identificados y cuyas fotografías han circulado en redes criminales, forman parte de una estrategia para frenar las operaciones de las fuerzas del orden y proteger los intereses ilícitos de estas organizaciones.
Kristi Noem, secretaria del DHS, detalló en entrevista con Fox News que la inteligencia federal detectó una organización creciente detrás de estos ataques:
“Han publicado sus fotos. Las han enviado entre sus redes y es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, afirmó el pasado 5 de octubre.
La funcionaria subrayó que las amenazas no se limitan a la retórica, sino que incluyen planes concretos para emboscar y eliminar a funcionarios federales, con la intención de obstaculizar la labor de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros agentes del orden. Estos disturbios violentos no se tratan de libertad de expresión. Se trata del estado de derecho contra la anarquía. Venceremos”, escribió, en su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria estadounidense.
El caso más reciente que ilustra la gravedad de la situación ocurrió en Illinois, donde un miembro de la pandilla Latin Kings fue arrestado tras ofrecer una recompensa por la vida del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.
De acuerdo con un comunicado del DHS, el 3 de octubre de 2025, una fuente confidencial alertó sobre una orden de captura emitida contra el jefe Bovino.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE identificó al responsable como Juan Espinoza Martínez, quien fue detenido el 6 de octubre en Burr Ridge, Illinois.
Las pruebas incluyen capturas de pantalla de una conversación en Snapchat, en la que Espinoza Martínez ofrecía dos mil dólares por información que condujera a la captura del funcionario y USD 10.000 “si lo derriban”, con la implicación directa de los Latin Kings.
El Departamento de Justicia procesa actualmente a Espinoza Martínez por solicitar el asesinato de un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley.
Reacción de las autoridades y contexto de violencia
Ante este escenario, las autoridades federales reforzaron la protección de los agentes amenazados y han modificado sus operaciones para garantizar su seguridad.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, expresó en el mismo comunicado emitido este 6 de octubre:
“No permitiremos que bandas criminales ataquen a funcionarios del gobierno estadounidense ni a nuestros agentes del orden”. McLaughlin agradeció la labor del ICE y de los aliados federales, destacando que el arresto de Espinoza Martínez representa un paso firme contra quienes buscan intimidar o dañar a las fuerzas del orden.
La respuesta oficial se produce en un contexto de violencia creciente en ciudades como Chicago y Portland, donde los disturbios y ataques contra instalaciones de ICE son recurrentes.
Actualmente se registran incidentes como el seguimiento y acorralamiento de agentes por parte de caravanas de vehículos, así como tiroteos y amenazas directas en las calles.
Noem relató que, en Chicago, agentes federales enfrentan situaciones en las que manifestantes los han seguido, insultado y agredido físicamente, mientras que en Dallas se han registrado disparos contra instalaciones federales.
“Ayer donde tuvimos una caravana de 10 vehículos diferentes que estaban siguiendo a nuestros agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza que estaban en las calles de Chicago, y los siguieron y los acorralaron, los arrinconaron, y luego nuestros agentes, al salir de sus autos, intentaron atropellarlos, y tenían pistolas semiautomáticas con ellos”, reveló la secretaria federal.
El debate político sobre la respuesta a esta ola de violencia se ha intensificado. Mientras el DHS insiste en la gravedad de la amenaza y la necesidad de una respuesta contundente, líderes locales como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han cuestionado la narrativa federal.
Johnson, citado por Fox News, desestimó las afirmaciones de Noem y calificó las medidas propuestas como “inconstitucionales, peligrosas e imprudentes”.
Kristi Noem, por su parte, atribuyó parte del problema a la falta de apoyo de algunos funcionarios demócratas, argumentando que su retórica otorga “cobertura” a los criminales y dificulta la labor de las fuerzas del orden.
En este clima de tensión, la secretaria del DHS ha reiterado que las autoridades federales no cederán ante las amenazas y que quienes atenten contra los agentes del orden enfrentarán todo el peso de la ley.
La determinación oficial busca enviar un mensaje claro: los intentos de intimidar o atacar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no quedarán impunes.
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