Revelaciones de Salinas y Labastida confirman uso electoral de recursos públicos en campañas presidenciales

En México, lo que durante décadas se rumoró como un “secreto a voces” finalmente ha sido confirmado por dos figuras clave del priismo: el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa. Ambos reconocieron públicamente que recursos gubernamentales fueron utilizados para favorecer campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto en 1994 como en 2012.

Las declaraciones aparecen en el documental PRI: crónica del fin, donde Salinas de Gortari relató cómo reaccionó el gobierno federal al inesperado repunte del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, durante la contienda presidencial de 1994.

Según el expresidente, el desempeño de Fernández de Cevallos en el debate frente a Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas generó un vuelco en las preferencias electorales. Salinas no tuvo reparo en reconocer el impacto de aquel momento político.

“Ante la gran capacidad de comunicación de Cevallos”, aseguró, “si la elección hubiera sido unos días después, había grandes posibilidades de perder la presidencia y que ganara el PAN y su candidato”.

Ante ese escenario, el entonces jefe del Ejecutivo admitió que su administración intervino directamente para frenar el avance del panista. Con absoluta claridad, reveló:

“Y lo que hicimos fue volcar la tarea del gobierno a favor del candidato del PRI y yo incluso, personalmente, le expresé al candidato Zedillo: aprópiate de los propios programas del gobierno”.

Esta frase, que marca un reconocimiento inédito del uso electoral del aparato federal, no solo confirma la manipulación institucional de aquella elección, sino que abre la puerta a revisar críticamente otras contiendas en las que el PRI se mantuvo en el poder.

Pero las confesiones no se limitan a los años noventa. En el mismo documental, el excandidato priista Francisco Labastida, contendiente presidencial en el año 2000, afirmó que la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 también fue financiada con recursos públicos.

Al describir el ascenso del exgobernador del Estado de México, Labastida sintetizó: “Un candidato carismático, que tuvo muchos recursos económicos”.

La periodista Denise Maerker cuestionó de inmediato el origen de esos fondos, recordando que Peña Nieto ya no se encontraba en el poder al momento de iniciar su campaña. La respuesta del priista fue contundente y sin matices: “Del gobierno del Estado de México”.

Esta declaración implica que el erario mexiquense habría sido desviado para impulsar la candidatura presidencial del PRI, repitiendo un patrón de intervención institucional similar al descrito por Salinas en 1994, pero ahora desde el ámbito estatal.

Las coincidencias entre ambos testimonios revelan un modus operandi recurrente en el priismo: ante el riesgo de perder el poder, se utilizaban los programas gubernamentales y recursos públicos como instrumentos electorales. En 1994, el gobierno federal se movilizó en favor de Ernesto Zedillo. En 2012, según Labastida, el gobierno del Estado de México habría hecho lo propio con Enrique Peña Nieto.

Estas revelaciones ponen en jaque la narrativa de “transiciones democráticas” y exhiben que, detrás de los procesos electorales, operaban estrategias desde el propio gobierno para mantener el control político.

Las confesiones de Salinas y Labastida no solo reavivan el debate sobre la legitimidad de pasadas elecciones, sino que plantean preguntas urgentes sobre la necesidad de investigar responsabilidades. El “secreto a voces” dejó de ser rumor. Ahora tiene nombre, fecha y declaración.