Sheinbaum pide respeto a la Constitución tras aprobación del Senado para que Ley de Amparo sea retroactiva

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció respecto a los recientes cambios a la reforma a la Ley de Amparo que diversos legisladores aprobaron durante la votación del proyecto en el Senado de la República. En específico, la mandataria mostró su desacuerdo con estas modificaciones y dijo que, ante todo, la Constitución Política prohíbe que las leyes apliquen el llamado “principio de retroactividad”.

Cabe destacar que los cambios a la normativa de amparo fue aprobado por la Cámara Alta con la emisión de 79 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones. Tras esto, se espera que sea turnada a la Cámara de Diputados:

“Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece, claramente, que no debe haber retroactividad en las leyesa menos que uno cambie la Constitución y ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para otras acciones (...). Pero, en las leyes, pues no puede haber retroactividad”, expresó.

Poco después, hizo hincapié en que, como gobierno federal, revisarán cómo ocurrió esta implementación si no era parte de su planteamiento inicial para cambiar la forma en que la sociedad mexicana en general puede acceder al amparo:

“Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio que lo que dice es que, a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo, pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista", añadió.

Con 76 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó el pasado 1 de octubre una reforma a la Ley de Amparo que ha encendido el debate jurídico en México. El punto más polémico: un artículo transitorio que permite aplicar las nuevas reglas a juicios que ya están en curso, lo que especialistas consideran una forma de retroactividad que podría vulnerar derechos adquiridos.

La retroactividad ocurre cuando una ley nueva se aplica a hechos pasados. En términos sencillos, es como cambiar las reglas del juego cuando el partido ya comenzó.

Aunque la Constitución mexicana prohíbe que esto se haga si perjudica a las personas, la reforma plantea que los juicios de amparo en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas disposiciones, lo que ha generado preocupación entre abogados, académicos y organizaciones civiles.

La iniciativa fue impulsada por Morena y sus aliados, quienes argumentan que el objetivo es modernizar el juicio de amparo, agilizar procesos judiciales y evitar que se utilice para frenar investigaciones fiscales o congelamientos de cuentas.

Entre los cambios destacan la digitalización de trámites, la ampliación del concepto de “interés legítimo” para incluir afectaciones colectivas, y la limitación de suspensiones automáticas en ciertos casos.

Sin embargo, la oposición —integrada por senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— advierte que la retroactividad podría afectar más de 700 mil juicios en trámite; especialmente, en temas fiscales, ambientales y de derechos humanos.

“Esta reforma convierte al amparo en una herramienta del Estado, no del ciudadano”, acusó la senadora Claudia Anaya del grupo parlamentario del PRI.

El senador Manuel Huerta, autor de la reserva que permite la retroactividad, defendió la medida al asegurar que no se vulneran derechos, sino que se actualiza el procedimiento judicial. No obstante, colectivos como México Unido Contra la Delincuencia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos ya anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)