La diputada del PRI, Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa para sancionar a los servidores públicos (incluidos gobernantes) que alteren o se equivoquen durante la ceremonia del Grito de Independencia, que se realiza cada 15 de septiembre en todo el país.
La propuesta plantea multas de hasta 103 mil pesos y busca reformar el artículo 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Según la legisladora, con estas medidas se evitaría que el acto cívico “se convierta en una burla nacional e internacional” por errores o usos indebidos de la tribuna.
Arredondo explicó que las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta multas económicas, con la Secretaría de Gobernación como autoridad facultada para aplicarlas. “Estamos contemplando como infracción a la ley, a quien lo incumpla o lo altere o modifique todo acto cívico, una sanción que puede ser una amonestación o hasta una multa máxima de 103 mil pesos, siendo la Secretaría de Gobernación la autoridad que contemple y sea quien pueda aplicarla”, indicó.
Errores en ceremonias recientes
Durante la presentación de la iniciativa, la diputada difundió un video con errores cometidos por autoridades locales en años recientes. Entre los casos exhibidos estuvieron el de Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega, Campeche, quien gritó “Viva Josefa Ortiz de Pinedo”; el de Evelio Vara, presidente municipal de Zaragoza, Coahuila, que pronunció “Viva Josefa María Morelos y Pavón”; y el de Jesús Flores Mendoza, edil de Huatabampo, Sonora, que dijo “Viva el Erótico Pueblo de México”.
Para la legisladora, equivocarse en la mención de un héroe patrio representa una ofensa hacia México y sus ciudadanos, de ahí la necesidad de un marco legal claro.
Protocolo propuesto
El protocolo propuesto establece la obligación de mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, los hermanos Juan e Ignacio Aldama, Leona Vicario, Vicente Guerrero e Ignacio López Rayón, además de la frase “¡Viva México!”.
La iniciativa también plantea prohibir expresiones discriminatorias, mensajes de odio o alusiones con fines político-electorales durante la ceremonia.
“Se precisa que en la ceremonia no se permitirán frases que explícita o implícitamente conlleven mensajes de odio, de discriminación, de promoción personalizada, publicidad o fines político electorales que también hemos observado en los últimos años”, señaló Arredondo.
De aprobarse, la Secretaría de Gobernación tendría la facultad de aplicar las sanciones y de garantizar que el protocolo oficial se cumpla en los distintos niveles de gobierno.
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