El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 19 de septiembre de 2025 la proclamación Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers, imponiendo una nueva tarifa obligatoria para toda solicitud de visa H-1B presentada a partir del 21 de septiembre.
Esta acción ha generado conmoción en el sector tecnológico y entre especialistas en inmigración laboral, quienes la califican como un golpe sin precedentes para la atracción de talento internacional.
De acuerdo con la guía oficial emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la tarifa no aplica a peticiones presentadas antes del plazo establecido, ni afecta renovaciones o titulares de visas H-1B actualmente vigentes.
Tampoco restringe la salida o reingreso al país de quienes ya cuentan con este estatus migratorio.
¿Cuál será el nuevo costo?
La nueva tarifa obligatoria será de 100 mil dólares y será única y exclusivamente para solicitudes iniciales, aunque la proclamación también anuncia que habrá mayor escrutinio en el sistema de lotería.
Por igual, se impulsarán futuras reformas para priorizar solicitudes con salarios más altos o habilidades altamente especializadas.
La reacción del ecosistema empresarial fue inmediata. Compañías tecnológicas, firmas legales y analistas advirtieron que esta nueva tarifa tendrá un efecto “letal” en los procesos de contratación, particularmente para startups y empresas medianas que dependen de ingenieros extranjeros para escalar proyectos clave.
“Con un costo tan elevado, muchos empleadores simplemente dejarán de patrocinar estas visas”, alertó un despacho de inmigración con sede en Silicon Valley.
Gobierno justifica nuevo costo
El gobierno, por su parte, defiende la medida como un mecanismo para disuadir abusos del programa H-1B y proteger a los trabajadores estadounidenses, asegurando que fomentará una migración “más selectiva y basada en salarios elevados”.
No obstante, académicos y líderes empresariales advierten que el resultado puede ser el contrario: empresas trasladando operaciones fuera de Estados Unidos y proyectos técnicos retrasados por falta de personal especializado.
En California, legisladores y organizaciones pro-inmigrantes ya analizan posibles acciones legales para impugnar la proclamación federal. Abogados consultados señalan que podría argumentarse que la tarifa es excesiva y discriminatoria, además de que no fue aprobada por el Congreso.
Actualmente, las visas H-1B se otorgan por un periodo inicial de hasta tres años, renovable por otros tres. Bajo ciertas condiciones, incluso pueden extenderse más allá si el solicitante inicia trámites para residencia permanente.
Con esta nueva tarifa, el costo de acceso al programa cambia radicalmente —y con ello, el futuro de miles de profesionistas extranjeros que aspiraban a trabajar en Estados Unidos.
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