Feminicidio y transfeminicidio en CDMX: buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales

El diputado Alberto Martínez Urincho, miembro de la bancada de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para reformar y adicionar la fracción cinco del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo es establecer bases generales para los protocolos de investigación en delitos de feminicidio y transfeminicidio.

Durante su intervención, el legislador explicó que la violencia de género es todo acto que causa daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a una persona por razón de género.

Indicó que este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos, afecta principalmente a mujeres y niñas y puede presentarse tanto en el ámbito público como privado.

En relación con la gravedad del problema, el legislador subrayó que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Citó datos de ONU Mujeres, que reportó el asesinato intencional de 80 mil mujeres y niñas en el mundo, la mitad de ellos en el entorno familiar.

Añadió que en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron 771 feminicidios y 2 mil 136 homicidios dolosos de mujeres, lo que equivale a ocho mujeres asesinadas cada día.

Martínez Urincho señaló que factores sociales, culturales y la desigualdad de poder contribuyen a que la violencia de género se mantenga y tenga consecuencias permanentes, incluso letales para las víctimas.

El diputado remarcó que las mujeres y niñas enfrentan este tipo de violencia de forma casi generalizada, solo por su condición de género.

Resaltó que los estereotipos y prácticas discriminatorias perpetúan la opresión y las desigualdades, afectando la vida de las mujeres en diferentes etapas y espacios.

Martínez propuso que la reforma siente bases generales para la elaboración de protocolos de actuación en la investigación de feminicidios y transfeminicidios. El objetivo es que estos lineamientos permitan a las fiscalías actuar de manera oportuna, eficiente, digna y exhaustiva al atender estos delitos.

De manera resumida, de acuerdo a la última reforma del Código en el año 2024, el artículo que se propone reformar es el encargado de regular el procedimiento para solicitar y emplear el auxilio de la fuerza pública durante la práctica de diligencias judiciales.

Señala que la autoridad que requiera ese apoyo debe hacerlo por escrito, precisando datos como el lugar donde se efectuará la diligencia, las personas involucradas o el tipo de obligación que se debe cumplir, el tipo de auxilio requerido y el tiempo probable de utilización.