Congreso del Edomex lanza iniciativa para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

La preocupación por el aumento de cirugías estéticas en menores de 18 años ha llevado al Congreso del Estado de México a analizar una iniciativa que busca prohibir estos procedimientos en adolescentes, salvo en casos estrictamente médicos.

México se encuentra entre los países con mayor número de intervenciones cosméticas a nivel mundial, una tendencia que responde más a la presión de las redes sociales y la influencia de figuras públicas que a necesidades de salud.

La propuesta legislativa pretende frenar la proliferación de clínicas irregulares y proteger la integridad física y psicológica de los jóvenes mexiquenses. Esta propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a través del diputado Anuar Azar Figueroa, plantea una reforma al Código Administrativo estatal para establecer la prohibición expresa de cirugías estéticas en menores de edad.

De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México ocupa el sexto lugar mundial en número de procedimientos cosméticos, con 1.294.946 cirugías realizadas en 2024. Por su parte, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva sitúa al país en la tercera posición global, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, y reporta un crecimiento del 12% en este tipo de intervenciones.

El legislador señaló que la motivación principal de la iniciativa radica en el impacto de las redes sociales y los llamados “influencers”, quienes han contribuido a idealizar estándares de belleza poco realistas. Esta situación se ha convertido en un problema de salud pública, ya que adolescentes sin la madurez psicológica y física necesaria se someten a procedimientos invasivos sin comprender los riesgos asociados.

Asimismo, se contempla excepciones únicamente para procedimientos médicos reparadores o reconstructivos. Estos casos incluyen intervenciones destinadas a corregir malformaciones congénitas, daños por accidentes o secuelas de enfermedades graves que afecten la salud funcional o psicológica del menor. Para autorizar estas cirugías, se requerirá un dictamen médico que justifique la necesidad del procedimiento, un informe psicológico emitido por un especialista con cédula profesional que certifique la madurez emocional del paciente y su capacidad para comprender los riesgos, así como el consentimiento informado y por escrito de ambos padres o tutores legales.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa propone penas severas para quienes incumplan la prohibición. Los médicos cirujanos o cualquier otro profesional de la salud que realicen cirugías estéticas a menores de 18 años sin justificación médica enfrentarán de 3 a 9 años de prisión y multas de 100 a 700 días, además de la suspensión del ejercicio profesional por 20 años, con posibilidad de inhabilitación definitiva en caso de reincidencia. Si el procedimiento causa lesiones, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad; en caso de muerte, la condena oscilará entre 10 y 25 años de cárcel, junto con multas de 500 a 1.000 días y la inhabilitación permanente para ejercer la profesión. Para los servidores públicos del sector salud que participen en estos actos, las sanciones se incrementarán hasta en una mitad y se les destituirá e inhabilitará de manera definitiva de su cargo.

La propuesta también incluye medidas preventivas y de concientización. Se solicita que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, implemente programas educativos dirigidos a informar a los adolescentes sobre los riesgos de las cirugías estéticas.

Además, se establece la obligación de reportar a las autoridades cualquier caso en el que se detecte la realización de estos procedimientos sin justificación médica o en contravención de la ley. La vigilancia y supervisión de clínicas y hospitales será reforzada, con la posibilidad de clausura para aquellos establecimientos que incumplan la normativa.

En caso de que una cirugía estética realizada a un menor de edad derive en lesiones o en la muerte, las consecuencias legales para los responsables serán especialmente severas, con penas de prisión prolongadas y la inhabilitación definitiva para ejercer la profesión médica.