La presidencia de Hugo Aguilar Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició con la promesa de impulsar una administración austera y transparente, aunque actualmente reporta una cantidad de asesores superior a la de su antecesora, Norma Lucía Piña.
Según el propio tribunal, la administración encabezada por Aguilar Ortiz cuenta con 103 integrantes adscritos a distintas áreas de asesoría y apoyo -entre los que se encuentra él-, número que representa un incremento frente al equipo de Piña, quien fue criticada en su momento por supuestos privilegios otorgados a ministros, de acuerdo con datos oficiales y directorios publicados en la página de la Corte.
La SCJN aclaró mediante comunicado oficial que este equipo experimentará una reducción del 40 por ciento a partir del 1° de octubre, al quedar la plantilla de la ponencia de la presidencia con 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.
No obstante, durante el arranque de su gestión, Aguilar Ortiz mantiene una estructura considerablemente superior, con 8 secretarios de estudio y cuenta, 12 auxiliares y 39 personas de apoyo operativo solo en su ponencia; además de otros equipos en áreas de dictaminación y la propia oficina presidencial. En conjunto, la presidencia continuará con 10 colaboradores cercanos, mientras que la Coordinación de Dictaminación suma un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo adicionales.
Tan solo en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia actual figuran 29 personas, entre quienes destaca Vidulfo Rosales Sierra, ex abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nombrado secretario de Estudio y Cuenta con salario neto de 118 mil 138 pesos al mes.
En respuesta a señalamientos sobre el tamaño de su equipo respecto al de su antecesora, la SCJN afirmó que la nueva presidencia busca un “compromiso de garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía”. Resaltó las medidas tomadas para agilizar la resolución de asuntos relevantes, incrementar la duración y frecuencia de las sesiones del Pleno —ahora cuatro por semana y en diferentes regiones del país— y reducir el personal de seguridad adscrito a la presidencia.
El tribunal también indicó que dará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad y reiteró que toda la información sobre su estructura será accesible públicamente, conforme se actualicen los registros administrativos en su sitio web oficial, reportó Infobae según el comunicado divulgado este 23 de septiembre.
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