
En Ecatepec, Estado de México, sobre la Vía Morelos a la altura de la zona conocida como la higuera, una pipa que transportaba material peligroso fue impactada por un tren.
El incidente ocurrió a unos metros de La Costeña y de acuerdo con reportes extraoficiales, el conductor del vehículo intentó pasar antes que el tren pero fue embestido y volcado.
Servicios de emergencia se movilizaron al lugar de los hechos y retiraron al conductor del vehículo. Hasta el momento, las autoridades correspondientes se encuentran en labores de atención al incidente sin que se reporten lesionados de gravedad.
Hasta el momento, el servicio de la línea 4 del mexibús se encuentra suspendido por obstrucción de la avenida con dirección hacia Indios Verdes. Los conductores en esta vía están incorporándose por un solo carril en sentido contrario.
Este no es un caso aislado, pues la mañana del pasado 8 de septiembre un camión de pasajeros intentó cruzar las vías del tren mientras este se encontraba a una distancia cercana.
El impacto sobre la carretera en el cruce de la carretera Maravatio - Atlacomulco dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 40 más heridas.
Regulación legal de las pipas

El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos establece las bases legales y técnicas que rigen el traslado de miles de sustancias con potencial de riesgo en todo el territorio de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1993 con su última reforma en 2012, este marco normativo delimita las obligaciones de transportistas, generadores, expedidores y destinatarios de este tipo de materiales, bajo la vigilancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras dependencias federales.
El reglamento define como materiales peligrosos a las sustancias, residuos, envases y embalajes que presenten características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o contengan agentes infecciosos.
El texto legal establece una clasificación específica en nueve clases, que incluyen explosivos, gases, líquidos y sólidos inflamables, oxidantes, tóxicos, radiactivos, corrosivos, entre otras sustancias que requieren un manejo especial.
Para transportar estos materiales, la SCT debe expedir permisos correspondientes que detallan rutas, condiciones y equipos autorizados.
La autoridad también puede celebrar acuerdos operativos con estados y municipios para la aplicación local de estas regulaciones. Los vehículos y unidades de arrastre obligatoriamente deben cumplir especificaciones técnicas y certificaciones normativas para garantizar su compatibilidad y resistencia ante los riesgos de la carga.
Por ello, está prohibido transportar en las mismas unidades personas ajenas al servicio, animales y productos alimenticios o artículos de uso personal, así como realizar descargas o transferencias fuera de instalaciones especializadas, salvo situaciones de emergencia.

Los vehículos autorizados deben portar identificaciones y rótulos visibles que indiquen el riesgo transportado, y contar con seguros que amparen daños a personas, bienes, ambiente y vías de comunicación.
El cumplimiento de estas normas exige que unidades y envases sean inspeccionados y certificados periódicamente. Las maniobras de carga y descarga deben ser realizadas por personal capacitado y con equipo de protección adecuado.
Todo operador debe poseer licencia federal y acreditar cursos de actualización sobre seguridad en el manejo y transporte de materiales peligrosos.
El reglamento también contempla la creación de un Sistema de Emergencia en Transportación que, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, brinda información técnica y apoyo en caso de incidentes, fugas, incendios, derrames o accidentes.
Ante cualquier siniestro, los responsables deben notificar de inmediato a la SCT y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), informando los hechos y presentado los reportes correspondientes en un plazo máximo de tres días hábiles.
En materia de sanciones, el reglamento contempla multas de hasta 5 mil días de salario mínimo por incumplimientos que pongan en riesgo la vida, la seguridad pública o el ambiente. El monto de las multas varía según la infracción, tipo de material, volumen transportado y reincidencia.
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