
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Orlando Garrido López, realizó una propuesta el pasado 3 de septiembre en el Congreso de la Ciudad de México: modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) fije horarios diferenciados para la circulación del transporte de carga.
Tan solo ocho días después, en la alcaldía Iztapalapa, una pipa volcó y explotó en el Puente de la Concordia, apróximadamente a las 14:20 horas, dejando a más de 20 personas fallecidas y heridos, así como daños a vehículos. La reciente tragedia vial reactivó el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones estrictas al transporte de carga pesada, en particular a vehículos que trasladan materiales peligrosos.
En medio de la inquietud, el diputado Garrido López se mostró enfático: urge poner reglas claras y firmes al paso del transporte de carga en la Ciudad de México, donde a diario familias y estudiantes conviven con tráileres y pipas que, en palabras del legislador, “Son verdaderas bombas en movimiento”.
En entrevista con Infobae México, Garrido explicó que su iniciativa busca evitar accidentes como el que recientemente sacudió a la capital. En su visión, el horario seguro arranca cuando la ciudad duerme: entre las 22:00 y las 5:00 horas.
Planteó la urgencia de: “Proteger la vida y la tranquilidad de quienes solamente quieren llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela sin compartir el camino con estos riesgos”.
El diputado también apunta que la reciente propuesta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina para crear un protocolo de circulación de vehículos de carga que transporten hidrocarburos o algún material peligroso, es insuficiente: “No se va a resolver con protocolos administrativos —advirtió—. Son parches temporales. Lo que se necesita es una ley clara que prohíba la circulación de camiones de materiales peligrosos cerca de hogares, escuelas y hospitales mientras la ciudad está despierta”.
El legislador inisistió en que la actual regulación resulta insuficiente. Comentó que, tras cada accidente, surgen acuerdos entre autoridades y transportistas, pero “A los pocos meses se olvidan o se relajan”.
Desde su perspectiva, la legislación debe garantizar certeza para la ciudadanía: “Hay que blindar el derecho a caminar y moverse por la ciudad sin temores”.
Entiende, no obstante, las preocupaciones del sector logístico y de empresarios del transporte. Por ello, su propuesta contempla un parlamento abierto para que todas las voces sean escuchadas, “No se busca afectar la economía, sino crear un equilibrio donde el peligro no esté por encima de la vida de las personas”. Aspira a una solución en la que la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONACO) y transportistas participen para lograr un acuerdo razonable.
A pesar de la discusión social, la iniciativa de Garrido López sigue sin avanzar en las comisiones legislativas. Lamentó que “Morena tiene congelada la propuesta”, a pesar de que la ley exige dictaminar en un plazo de diez días. Apeló a la responsabilidad de sus colegas y del Gobierno de la Ciudad: “No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para reformar la ley. Si hay voluntad, se pueden prevenir muchas desgracias”.
Al final de la charla, el legislador énfasis en aspectos poco visibilizados: las condiciones laborales de los choferes, los seguros de las unidades y la necesidad de revisión a las empresas que mueven estos materiales. “¿Quién verifica si tienen seguro, si están cansados o si han provocado otros accidentes? También en esto urge vigilancia”, concluyó.
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