La Fiscalía General del estado de Chihuahua dio a conocer que en seguimiento a los análisis técnico-científicos para la identificación de las víctimas encontradas al interior del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, se logró acumular 86 identificaciones de los 836 cuerpos encontrados.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la fiscalía estatal, del total de víctimas identificadas, solo 74 de ellas ya fueron notificadas a sus familias y se han entregado físicamente 67 personas.
Por otra parte, la dependencia se comprometió a notificar a las 12 familias restantes sobre la identificación de su ser querido en las próximas horas.
Además, informaron que en atención al mismo caso, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, ha acumulado 53 denuncias por el delito de fraude en contra de las personas responsables del caso.
¿Cuántos detenidos hay por el Crematorio Plenitud?
El hallazgo del Crematorio Plenitud se dio el 26 de junio en la colonia Granjas Polo Gamboa en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Policías llegaron al lugar luego de recibir denuncias sobre actividades sospechosas en el lugar.
En principio las autoridades declararon que únicamente se habían localizado 16 cuerpos y aseguraron que el crematorio contaba con todos los permisos requeridos, por lo que descartaron la existencia de un delito.
No obstante, la situación cambió el 2 de julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó sobre la detención de José Luis A. C., propietario del crematorio, y de su empleado Facundo Teófilo M. R.
Tras su detención, ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de inhumación y exhumación en incumplimiento a la Ley General de Salud, así como por el delito de fraude.
La Fiscalía precisó que José Luis A. C., de 39 años, y Facundo M. R., de 64, recibieron prisión preventiva y tienen programada una audiencia para el 5 de enero de 2026. El Fiscal de Distrito de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, anunció que se buscará una condena de hasta 17 años de prisión y la imposición de sanciones por las irregularidades detectadas, con el objetivo de garantizar justicia a las familias afectadas.
“El Juez concedió la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, para que estas personas sigan su proceso en prisión, a efecto de garantizar que puedan solventar no solo el daño económico que les hicieron a muchas familias, sino que también ver, en qué términos se plantea la reparación del daño para muchos de ellos que están siendo revictimizados ”, aseguró el fiscal general del estado en la conferencia de prensa del 1 de julio.
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