Huachicol fiscal cobra siete vidas: impacto en seguridad naval, aduanas y la FGR

El fenómeno del huachicol fiscal ha dejado un saldo de siete funcionarios fallecidos, entre marinos en activo, personal aduanal y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los decesos, ocurridos en distintos puntos del país en menos de un año, reflejan el tamaño de las redes de corrupción y el impacto que este delito genera en las estructuras de seguridad nacional.

El caso más reciente se registró en Puerto Peñasco, Sonora, donde un capitán de la Marina murió durante lo que “oficialmente se describió como una práctica de tiro”. Sin embargo, su nombre figuraba en investigaciones vinculadas a operaciones aduaneras sospechosas en Manzanillo, lo que ha generado interrogantes en torno a las circunstancias de su muerte.

Ese mismo día se reportó el fallecimiento de otro mando naval, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Tamaulipas, quien fue encontrado sin vida en su oficina. De acuerdo con las indagatorias, el oficial habría estado bajo presión por presuntos sobornos relacionados con el ingreso de combustible sin declarar.

En esta cadena de sucesos también figura el asesinato del delegado de la Fiscalía en Tamaulipas, quien había encabezado operativos contra cargamentos de hidrocarburo asociados al crimen organizado. Otro caso relevante es el del contralmirante que dirigía la recaudación de aduanas en Manzanillo, ultimado tras denunciar prácticas de corrupción en torno al ingreso de barcos con combustible.

Las muertes de una agente ministerial en Colima y de un exfuncionario aduanal en la Ciudad de México, ambos ejecutados por su relación con investigaciones de contrabando de hidrocarburos, completan la lista de víctimas que se vinculan al entramado del huachicol fiscal.

El impacto de estos hechos es profundo. La Secretaría de Marina (SEMAR), asumió el control de los puertos en 2020 con el argumento de combatir la corrupción por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta ahora un golpe directo a su credibilidad. La infiltración de intereses del crimen organizado en los niveles más altos de mando cuestiona la eficacia de la estrategia de militarización de aduanas.

Por su parte, las aduanas, consideradas puntos neurálgicos para el comercio y la seguridad fiscal del país, se han visto comprometidas por funcionarios que, en lugar de reforzar la vigilancia, habrían facilitado el paso de cargamentos de combustible ilegal. La dimensión económica es enorme: las estimaciones oficiales señalan pérdidas multimillonarias al erario, con boquetes que afectan la recaudación y la estabilidad de las finanzas públicas bajo la permisividad de funcionarios federales y estatales.

El patrón de asesinatos y muertes sospechosas muestra que no se trata de casos aislados. Detrás se observa una red en la que convergen crimen organizado, corrupción institucional y un mercado negro de combustibles con presencia en distintos puertos del país. El hallazgo de barcos cargados con millones de litros de diésel o gasolina sin declarar confirma que este delito trasciende lo local y tiene un alcance nacional.

Estos son los nombres de las personas muertas implicadas en el caso:

1. Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán.
2. Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, marino.
3. Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío.
4. Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas.
5. Fernando Rubén Guerrero Alcántar, contralmirante.
6. Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima.
7. Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En conferencia conjunta, Omar García Harfuch, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Alejandro Gertz Manero, titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y de la Fiscalía General de la República, detallaron el desmantelamiento de la estructura criminal del mayor decomiso de diésel en la historia reciente, con más de diez millones de litros asegurados en marzo pasado en Tampico.