La organización no gubernamental, Artículo 19, condenó la información difundida por el senador morenista Gerardo Fernández Noroña sobre un supuesto departamento que, dijo, pertenece a la periodista Azucena Uresti, así como el presunto costo del mismo.
La organización dijo que una imagen, difundida por el senador en sus redes sociales, de la periodista en un gimnasio de un edificio en donde dijo, tenía un departamento de su propiedad, se compartió originalmente en el año 2022, y fue tomada por Noroña de las redes sociales personales de Uresti sin su consentimiento.
La publicación del senador, se explicó en un comunicado en el sitio de Artículo 19, respondió a una petición de la periodista de aclarar información falsa que él mismo difundió el pasado 26 de agosto en la misma red social, y que también mencionó durante una conferencia de prensa, donde fue cuestionado por la compra de un inmueble valuado en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. En esa ocasión, Noroña señaló a Uresti de poseer un departamento en la avenida Paseo de la Reforma, una de las más exclusivas e importantes de la Ciudad de México, dato que, señaló Uresti, es falso, pues aclaró que si vivió en el edificio señalado, pero rentando.
Sobre el hecho, Artículo 19 hizo hincapié en que la violencia digital contra las mujeres no es una nueva forma de violencia, sino la continuidad de la misma, que se vive sistemáticamente en la esfera física.
En su comunicado, Artículo 19 cita a ONU Mujeres, quien señala que el doxeo y la difusión de información privada de mujeres y niñas las expone y coloca en una situación hostil debido a que puede ser origen de otras violencias, como la física o la sexual, organizadas por grupos de usuarios de redes sociales.
“Desde una perspectiva interseccional, la violencia digital se agrava cuando afecta a mujeres y niñas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como activistas, defensoras, a sectores históricamente oprimidos o periodistas. Es importante recordar que en el caso de Azucena hay antecedentes de amenazas en su contra por parte de grupos del crimen organizado”, señaló.
Recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido, por casos previos de filtración de información de periodistas, “la gravedad que reviste la divulgación de datos personales de periodistas, particularmente en el marco de declaraciones oficiales, toda vez que estas tienen el potencial de “acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión” por sectores de la población hacia periodistas o medios de comunicación”.
De acuerdo al Principio 11 de la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, a diferencia de las personas civiles, los funcionarios públicos están bajo un mayor escrutinio público y deben tener mayor tolerancia a este tipo de cuestionamientos.
El acto desplegado por el senador Noroña, explica, puede considerarse una forma de violencia digital de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Artículo 19 exigió a Noroña erradicar cualquier práctica violenta contra Azucena Uresti, y señaló que además de que la información que compartió sobre ella no es verídica, el uso de su imagen sin su consentimiento para exponerla cae en actos de hostigamiento por parte de un funcionario, lo cual es reprobable y contradice su obligación como agente del Estado.
También se le exigió a Noroña que, como senador, debe atender el Principio 11 de la Declaración antes mencionada para cumplir con su obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas y abstenerse del señalamiento en contra de periodistas para desviar la atención de información que es de interés público.
Pidió también al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales a favor de la periodista, tomando en cuenta el contexto de riesgo reiterado, y su trabajo en temas de alto impacto.
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