Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

La detención y posterior proceso judicial contra Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, ha puesto en el centro de atención no solo su futuro legal, sino también los riesgos que podrían amenazar su seguridad personal en medio de la pugna criminal en el norte del país.

El pasado mes de julio, el boxeador fue arrestado en California por agentes del ICE y posteriormente deportado a México, donde enfrenta un proceso por delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República lo vincula con un presunto caso de tráfico de armas en Nogales, Sonora, basado en escuchas telefónicas en las que se mencionan sus supuestos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa.

En las conversaciones filtradas, se señala la cercanía del púgil con Los Chapitos, grupo que lideran los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con la prensa local, algunos de sus colaboradores incluso lo habrían utilizado para intimidar a rivales internos. Además, la relación personal de Chávez Jr. con la viuda de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo asesinado en 2008, refuerza las sospechas de sus nexos.

Aunque su padre lo ha defendido públicamente asegurando que “mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa”, la percepción de cercanía con esta facción lo coloca en un escenario delicado.

El riesgo para Chávez Jr. aumenta debido a que Sonora es actualmente un territorio de guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa. Los Salazar, antes aliados de Los Chapitos, mantienen un enfrentamiento abierto contra ellos que ha dejado más de 200 muertes por ejecuciones en el último año. Su presencia en Hermosillo, donde se llevaron a cabo las audiencias, representó un foco de inseguridad en caso de traslados del boxeador.

En documentos oficiales se advirtió que las audiencias de Chávez Jr. debían realizarse por videoconferencia, ya que su traslado por carretera representaba un riesgo para la seguridad e integridad física del mismo y del personal.

La violencia también involucra a La Chapiza y los llamados Matasalas, grupos que operan en el desierto sonorense y mantienen pugnas internas con los Salazar y otras células.

Para la defensa, el caso se sostiene en bases frágiles. El abogado Rubén Fernando Benítez señaló que la Fiscalía “atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería (sic)”. Además, destacó que “una de las pruebas es una llamada en donde no se identificó a las personas” y que se habla de terceros sin pruebas directas.

Aun así, el juez determinó que la investigación continúe al menos tres meses más, tiempo en el cual las autoridades deberán definir si las menciones en escuchas telefónicas y la supuesta cercanía con El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, constituyen evidencias sólidas o simples especulaciones.

Más allá de la arena legal, lo cierto es que Julio César Chávez Jr. se encuentra en medio de un tablero criminal complejo. La sola sospecha de vínculos con Los Chapitos podría convertirlo en un objetivo potencial para sus rivales internos.

La tensión alrededor de su proceso judicial refleja que, incluso sin sentencia firme, el hijo del César del boxeo está expuesto a un escenario donde los grupos criminales pueden representar un riesgo tan grande como el propio juicio que enfrenta.