
Han pasado más de ocho años desde que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo el régimen más estricto de la prisión federal ADX Florence, en Colorado.
El deterioro progresivo de su salud, la ausencia de luz solar y la restricción casi absoluta de contactos familiares han llevado a su nuevo equipo legal a iniciar otro esfuerzo para suavizar las condiciones de su encierro, en un momento crucial en el que otros capos de la droga, como su exsocio Ismael “El Mayo” Zambada, o su hijo, Ovidio Guzmán López, se encuentran negociando con el gobierno estadounidense.
Guzmán Loera, de 68 años, enfrenta un régimen extremo bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), programa con el que el sistema penitenciario estadounidense limita y vigila estrictamente la comunicación de ciertos internos considerados especialmente peligrosos.

La abogada Mariel Colón, en entrevista con el periodista Ángel Hernández de Milenio, ha revelado que la defensa de El Chapo basa su solicitud en dos argumentos principales: el deterioro físico y mental causado por la reclusión sin contacto humano ni exposición a la luz natural, y el hecho de que los supuestos riesgos de fuga, que motivaron tal aislamiento, se han reducido casi por completo.
En una carta entregada a las autoridades penitenciarias, mostrada por el medio antes citado, El Chapo señala que la única actividad que realiza es cuando lo sacan a recreación tres días a las semana, tres horas: “Pero a donde me sacan no pega el sol porque las paredes están muy altas”.
Según lo narrado por Hernández, en el nuevo intento de suavizar la reclusión del cofundador del Cártel de Sinaloa la defensa busca argumentar que su antiguo socio e hijos ya se encuentran detenidos en EEUU, lo que disminuye el riesgo de fuga argumentado por las autoridades para mantenerlo en reclusión extrema.
Cabe apuntar que las condiciones de reclusión en ADX Florence —considerada la prisión más segura de Estados Unidos— han sido descritas como “inhumanas” por diversas organizaciones de derechos humanos.
Cada celda, de menos de cuatro metros cuadrados, está equipada con cámaras de vigilancia continua, muebles de concreto y aislamiento acústico. Los reclusos (algunos) solo pueden salir una hora al día a una jaula de metal, sin interacción alguna con otros presos.

Según se ha documentado, el encierro ha impactado de manera directa en la salud física y mental del antiguo narcotraficante. Documentos judiciales y peritajes forenses a los que Infobae ha tenido acceso demuestran que, desde el encierro federal en México, Guzmán ya presentaba síntomas como hipertensión, ansiedad, insomnio, alucinaciones auditivas, reducción cognitiva e incluso pérdida de memoria inmediata.
Estas afectaciones persistieron y se agravaron con el régimen estadounidense. Durante su estancia en ADX Florence, familiares han reportado empeoramiento del cuadro médico: calambres musculares, dolores de cabeza, presión arterial elevada, episodios depresivos y estrés constante.
También busca ver a su familia
Hasta hace unos días, la comunicación de Guzmán Loera con sus abogados seguía limitada, lo que motivó a la remisión de cartas y reclamos formales ante el juez federal Brian Cogan. Ello llevó a que finalmente el pasado 11 de agosto las autoridades le autorizaran a su nuevo equipo legal, encabezado por Israel Encinosa, mantener llamadas telefónicas y visitas en ADX Florence.

Según lo dicho por la abogada Mariel Colón a Ángel Hernández, los defensores buscarán también que El Chapo pueda tener visitas más allá de sus abogados y sus dos hijas gemelas, Emaly Guadalupe y María Joaquina, que procreó con su esposa Emma Coronel.
“Buscamos que tenga contacto con sus hermanas, eventualmente, cuando su esposa, la señora (Emma) Coronel termine su probatoria, que aún le queda un año a ella... así sea monitoreado, pero que pueda tener un tipo de contacto. Que pueda tener un tipo de contacto con sus hermanas, con otros hijos que él tiene, hijos e hijas, que él tiene en México que no están siendo acusados de nada”, comentó a Milenio.
Cabe apuntar que Emma Coronel continúa bajo supervisión federal como parte de su sentencia, que incluye cuatro años de libertad condicional tras cumplir dos años y medio en prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Esta etapa le impone restricciones de movilidad, contacto y monitoreo, aunque ha podido mantener actividad en redes sociales y asistencia a eventos públicos.
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