Aurea “N”, la presunta apoderada que vendía terrenos con papeles falsos en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Aurea “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos en contra de la identidad de las personas, fraude específico y uso de documento falso.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, la detenida ofrecía lotes de terreno valiéndose de documentación apócrifa, con la que se presentaba como apoderada legítima para concretar transacciones inmobiliarias.

De acuerdo con información de la FGESLP, la imputada habría utilizado un expediente falso para validar transacciones ante posibles compradores.

El señalamiento surgió de diversas denuncias y tras una investigación realizada por agentes del Ministerio Público. El expediente apócrifo fue identificado luego de la revisión documental correspondiente, hecho que derivó en la solicitud y obtención de un mandato judicial por parte de la FGESLP.

La Policía de Investigación (PDI) fue la encargada de ejecutar la orden de captura. Tras una serie de acciones de seguimiento, localizó a Aurea “N” en las inmediaciones del Periférico Oriente de la capital potosina. Según reportes oficiales obtenidos por Infobae, en el momento de la detención, se le leyeron sus derechos y fue puesta a disposición de las autoridades para enfrentar un proceso penal ante el juez competente.

Las investigaciones apuntan a que la acusada comercializaba lotes con documentos alterados o falsos, situación que podría haber causado perjuicio a compradores y generado afectaciones patrimoniales en la zona donde operaba. La fiscalía exhortó a posibles víctimas a acudir a denunciar, a fin de fortalecer la investigación y la acción penal.

Conforme a la información proporcionada, Aurea “N” será presentada en las próximas horas ante la autoridad judicial, que definirá las medidas cautelares y su vinculación a proceso por los delitos señalados. El caso se mantiene bajo seguimiento de la FGESLP, instancia que reiteró su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de las víctimas de fraude inmobiliario y falsificación de documentos.

El Código Penal Federal regula en su Libro Segundo, Título Decimotercero, Capítulo IV —Falsificación de Documentos en General— las sanciones aplicables para quienes incurren en la falsificación y uso de documentación falsa en el país.

El artículo 243 establece que la falsificación de documentos públicos se castiga con penas de prisión que van de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días multa. Tratándose de documentos privados, la sanción es de seis meses a cinco años de prisión, además de 180 a 360 días multa.

Estas penas pueden incrementarse si quien comete el delito es un servidor público o si los documentos afectan intereses específicos regulados, como los previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El artículo 244 detalla las formas de falsificación, que incluyen la alteración o creación de firmas y rúbricas, la modificación de fechas, la atribución de investiduras no existentes, entre otras conductas fraudulentas.

Para que exista responsabilidad penal, el artículo 245 exige que el falsario busque un beneficio propio o ajeno y que haya o pueda haber perjuicio a un tercero, particular, sociedad o Estado.

Finalmente, el artículo 246 amplía la responsabilidad a quienes emplean, expiden o certifican documentos apócrifos de diversas maneras, incluyendo a funcionarios, notarios, médicos, traductores y particulares.