La muerte de Mía Eleana Martínez Gaytán, una bebé de cuatro meses que estaba bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, ha puesto en el centro del debate las condiciones en que operan los albergues estatales y los protocolos de protección infantil.
Jazmín Gaytán, madre de la menor, reclama falta de claridad sobre las causas del fallecimiento y teme por la seguridad de su otra hija, Jade Romina, de siete años, quien aún permanece bajo resguardo de la institución.
El caso salió a la luz tras la entrega del cuerpo de Mía el 12 de agosto. Jazmín asegura que el DIF no ha dado explicaciones puntuales sobre los motivos del deceso y denuncia obstáculos para reunirse con su hija mayor.
Desde el retiro de ambas niñas el 27 de abril, motivado por un video que expuso presunta violencia familiar, Jazmín solo ha podido ver a Jade bajo supervisión de las autoridades. La madre sostiene: “Me la entregan sin motivos, sin respuestas claras y contundentes” y advierte temer por la vida de su hija mayor.
La versión oficial del DIF Oaxaca sostiene que Mía nació con una cardiopatía congénita y que enfrentaba complicaciones desde el embarazo debido a falta de control prenatal y ausencia de suplementación con ácido fólico. “La niña presentaba un cuadro complejo por cardiopatía congénita”, indicó el organismo en conferencia de prensa. Además, autoridades explicaron que al ingresar al albergue se brindó atención médica especializada, aunque el daño acumulado resultó irreversible.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación sobre los hechos. La fiscal Margarita Guzmán señaló que “estamos en etapa de investigación y, una vez concluidas las diligencias, podremos determinar responsabilidades”. El proceso revisa si el entorno familiar fue determinante y explora la actuación del DIF durante la custodia.
Perspectivas enfrentadas rodean el caso. Organizaciones en defensa de la infancia y algunos vecinos sostienen que el entorno familiar previo a la custodia institucional representaba un alto riesgo. Argumentan que Jazmín presentaba episodios de violencia y descuido, incluso con pruebas documentales, y exigen que el video de la agresión forme parte de la investigación. Para estos colectivos, la intervención estatal fue una medida necesaria para proteger a las menores y destacan que las patologías preexistentes complicaron la situación.
Por su parte, diversas voces cuestionan la capacidad del Estado para garantizar la salud y protección de niños retirados del entorno familiar. El caso ha generado reacciones de indignación en redes sociales, donde muchas personas exigen transparencia y justicia ante la pérdida de Mía, así como una revisión a fondo de los protocolos de atención y resguardo en albergues oficiales. La familia de la menor espera los resultados periciales para determinar si existió negligencia institucional.
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