Este viernes 15 de agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 53 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la cual contempla incorporar a quien ejerza como “franelero” o “viene viene” a empleos dignos.
En sesión extraordinaria, las y los legisladores capitalinos aprobaron aplicar arresto de 24 a 36 horas a las personas al cuidado y uso del espacio público, la reforma votada contempla modificaciones y adiciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México:
“Se adicionó la fracción XXXIX al artículo 3; el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al artículo 31; y reformó el artículo 32″.
Por tanto, ahora se considerarán como faltas a la ley las que se cometan en el espacio público:
- Apartar y/u obstaculizar con cualquier objeto lugares de estacionamiento.
- Exigir de cualquier manera a una persona, la obtención de un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos.
Con respecto a la fundamentación del dictamen, el diputado Pedro Haces Lago perteneciente al grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que lo aprobado no busca dejar a ninguna persona atrás, sino que impulsarán “abrirles las puertas a nuevas oportunidades que no afecten a las y los demás”.
Según el morenista, se prevé que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabaje en conjunto con las personas franeleras, lo cual conlleve la construcción de “empleos dignos”.
Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su respaldo al dictamen afirmando que representa “un paso decisivo para poder recuperar el espacio público para todas y todos los que habitamos esta ciudad”. El diputado indicó que la aprobación atiende la necesidad de poner fin a la apropiación indebida de las calles, fenómeno que ha aumentado y no debe ser tolerado, pues vulnera derechos humanos como el libre tránsito, el uso del espacio público y la movilidad segura.
El legislador Royfid Torres González perteneciente a Movimiento Ciudadano (MC) reconoció el deficiente manejo previo de este asunto y su impacto negativo en la economía local. Describió la reforma como una vía para enfrentar la problemática y recalcó la importancia de que el Congreso local asuma su responsabilidad, confiando en que la reforma generará nuevas alternativas laborales para quienes participan en esta economía informal.
La diputada Nora Arias Contreras (PRD) resaltó que la reforma responde a prácticas que representan riesgos directos para la ciudadanía, como la obstrucción de pasos peatonales, el bloqueo de accesos de emergencia, la invasión de espacios destinados al tránsito seguro y el uso indebido del espacio público.
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