Extraditan a EEUU a Rosa “A”, señalada por traficar drogas en los estados de Nevada y California

Este martes 12 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Rosa de Arcos ― nombre cotejado con base en fuentes de seguridad consultadas por Infobae México―, ciudadana mexicana requerida por la Corte Federal para el Distrito Sur de California por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. La acción se realizó en cumplimiento del Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos. Esto como parte de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con información oficial, entre 2016 y 2017, la acusada formó parte de una organización criminal encargada de traficar drogas desde México hacia territorio estadounidense. Su función dentro de la estructura criminal, según se establece, era coordinar y supervisar el envío de narcóticos, así como su distribución en los estados de California y Nevada.

La imputada fue detenida en abril de 2025 en el estado de Jalisco durante un operativo federal. Posteriormente, el Gobierno de México concedió la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses.

La entrega se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes de la FGR pusieron a Rosa “A” bajo custodia de personal designado por el Gobierno de Estados Unidos. Fue trasladada vía aérea a ese país, donde será presentada ante un juez federal en California para enfrentar el proceso penal en su contra.

En un hecho paralelo de cooperación judicial, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la asistencia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés), trasladó a 14 ciudadanos mexicanos a su país de origen para que cumplan el resto de sus condenas en cárceles nacionales.

De acuerdo con el comunicado oficial, todos los reclusos cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas y solicitaron voluntariamente su traslado, mismo que fue aprobado por los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco del Tratado de Transferencia de Prisioneros.

El Fiscal General Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, informó que el traslado de los 14 reos ahorrará a Estados Unidos más de 4 millones de dólares al eliminar los costos de encarcelamiento por los 96 años combinados que restaban de sus sentencias.

Galeotti subrayó igualmente que estas acciones también ayudan a reducir la sobrepoblación en prisiones federales.

Este procedimiento forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, establecido por el Congreso de Estados Unidos. La Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros (IPTU) es la encargada de administrar el programa y coordinar todos los movimientos internacionales bajo acuerdos bilaterales y multilaterales.

Según el Departamento de Justicia, Estados Unidos mantiene acuerdos de transferencia con más de 85 países, lo que permite que personas extranjeras condenadas en su territorio puedan cumplir el resto de sus penas en su nación de origen. Esto último bajo ciertas condiciones y previa aprobación de ambas partes.