Saturación en más de 130 cárceles impide la reinserción social y favorece la violencia y el autogobierno interno

Durante 2024, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que más de 130 centros penitenciarios en México operan con sobrepoblación, superando la capacidad instalada de esas cárceles. Esta situación refleja una presión constante sobre la infraestructura y los servicios básicos ofrecidos a las personas privadas de la libertad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de sus supervisiones y reportes recientes, señala que al menos 135 cárceles presentan condiciones de hacinamiento que impactan directamente en el acceso a la atención médica, la alimentación y la disponibilidad de espacios dignos para los internos. Estos factores son determinantes para el bienestar y los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos.

El fenómeno de la sobrepoblación penitenciaria genera un entorno complejo, donde la seguridad interna se ve afectada por conflictos frecuentes entre internos y episodios de violencia. La saturación dificulta la gestión institucional y eleva el riesgo para la integridad física tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario. De acuerdo con los reportes de la CNDH, el hacinamiento contribuye a que surjan estructuras de autogobierno dentro de los centros, donde grupos de internos asumen el control de diversas actividades, situación que dificulta la administración oficial y puede incrementar la violencia.

En cuanto a los servicios básicos, la capacidad limitada de atención médica es una de las consecuencias más críticas del hacinamiento. La cantidad de personal de salud y los recursos disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades de la población interna, lo que puede derivar en un aumento de enfermedades y una atención deficiente. De forma paralela, la alimentación dentro de los penales presenta deficiencias tanto en calidad como en cantidad, debido a la insuficiencia de recursos destinados para cubrir la demanda creciente.

La infraestructura física también es insuficiente para ofrecer condiciones adecuadas. La falta de espacios adecuados limita la realización de actividades educativas, laborales y recreativas, que son consideradas esenciales para el proceso de reinserción social. La ausencia de estas actividades puede aumentar la tensión y la conflictividad entre internos, además de reducir las oportunidades para la rehabilitación efectiva.

El Inegi indica que la saturación no sólo se refleja en el número de personas recluidas, sino también en la proporción entre personal de custodia y población interna. En varios centros penitenciarios la relación es inferior a los estándares recomendados, lo que afecta la vigilancia y aumenta los riesgos de incidentes violentos.

Adicionalmente, la clasificación adecuada de internos según su perfil criminológico, tipo de delito o condiciones especiales resulta limitada debido al hacinamiento. Esto pone en riesgo especialmente a personas vulnerables, como adultos mayores, personas con padecimientos mentales o población indígena, quienes requieren condiciones específicas para su seguridad y bienestar.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que las condiciones de hacinamiento pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuando impiden el acceso a condiciones mínimas de vida digna. En ese sentido, han recomendado la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva, sobre todo para delitos no graves, con el fin de reducir la presión sobre el sistema penitenciario.

El panorama nacional muestra que, a pesar de los esfuerzos realizados, la mayoría de las cárceles estatales —que albergan más del 90% de la población penitenciaria— aún enfrentan retos estructurales y de gestión para garantizar condiciones mínimas adecuadas.