Hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, no podrían escapar a la pena de muerte en EEUU, advierte experto

Esta semana, el Departamento de Justicia Estados Unidos dio a conocer que desistió de solicitar la pena de muerte para tres de los capos mexicanos con más peso: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”.

La decisión, comunicada por el fiscal federal Joseph Nocella Jr. ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, representa un giro relevante en el manejo de los casos de alto perfil de capos mexicanos. A pesar de las acusaciones por narcotráfico, crimen organizado y homicidio, las autoridades estadounidenses optaron por no buscar la pena máxima, sorprendiendo especialmente en el caso de Caro Quintero, señalado de asesinar al agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Pero la excepción no se extendería a todos los líderes criminales mexicanos. En un proceso paralelo y bajo condiciones mucho más severas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40” y “El Z-42”, antiguos jefes del cártel de Los Zetas, enfrentan en Estados Unidos un escenario judicial donde la posibilidad de la pena de muerte sigue latente.

A diferencia de otros capos históricos, los Treviño Morales se encuentran aislados, con un voluminoso expediente en su contra y sin protección alguna derivada de acuerdos de extradición.

El 28 de febrero de 2025, los hermanos Treviño Morales fueron entregados a las autoridades estadounidenses tras su paso por penales de máxima seguridad en México.

Formaron parte de un paquete de 29 presuntos narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Washington, como resultado de un acuerdo bilateral extraordinario. Sin embargo, la forma de esta entrega eliminó la única salvaguarda procesal que podría haber impedido la pena de muerte: los tratados de extradición entre México y Estados Unidos prohíben entregar ciudadanos para enfrentar la pena capital. En este caso, la mecánica de la entrega dejó fuera esa restricción.

Ante este escenario, desde su llegada a Estados Unidos, los hermanos Treviño Morales han gastado miles de dólares para fortalecer su defensa. Han contratado hasta siete firmas legales especializadas en procesos criminales complejos.

Entre sus abogados figuran Frank Pérez (también defensor de Ismael “El Mayo” Zambada), Manuel J. Retureta (socio fundador de la firma Retureta & Wassem y con licencia en cuatro jurisdicciones federales), Michael McCrum (ex jefe de delitos mayores de la Fiscalía de Estados Unidos), Erich C. Ferrari (especialista en sanciones económicas y lavado de dinero) y Eduardo Balarezo (litigante de alto perfil que representó a Joaquín “El Chapo” Guzmán).

Este despliegue legal responde al volumen inédito de pruebas presentadas por la fiscalía: la acusación incluye casi cinco millones de archivos, entre ellos 490 mil llamadas telefónicas interceptadas, transcripciones, informes de inteligencia y documentos que fueron obtenidos por más de 10 años, fueron otorgados por la DEA y autoridades mexicanas.

El caso formalizado en la Corte del Distrito de Columbia incluye cargos de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio, uso ilícito de armas y empresa criminal continua.

El magistrado Trevor McFadden, a cargo del caso, programó la siguiente audiencia para el 14 de octubre. En esa fecha, la fiscalía prevé informar si solicitará la pena de muerte.

Entre los hechos más graves que se les atribuyen en México se cuentan diversas masacres, como la de Allende, Coahuila, en 2011 y los asesinatos masivos de San Fernando, Tamaulipas.

La fiscalía estadounidense sostiene que, incluso tras sus detenciones en México, los hermanos continuaron operando la organización criminal desde prisión, un argumento reforzado por los informes de inteligencia y comunicaciones interceptadas.

Óscar Hagelsieb, ex subdirector de crimen organizado de Homeland Security Investigations (HSI), señaló que la decisión de no solicitar la pena de muerte contra figuras como “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y “El Viceroy”, responde a acuerdos hechos entre autoridades de México y Estados Unidos antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.

En entrevista con el medio Pie de Nota, de Luis Chaparro, explicó que el Gobierno mexicano entregó al grupo de 29 capos bajo el compromiso de que no serían sentenciados con la pena de muerte, ya que enfrentar ese castigo habría representado un problema diplomático “enorme” para México.

Sin embargo, Hagelsieb detalló que esta protección no aplica en el caso de los hermanos Treviño Morales, ni para un sicario que sirvió a la organización de los Beltrán Leyva.

Subrayó que, a diferencia de los narcos históricos pertenecientes a la “vieja escuela”, Los Zetas nunca mantuvieron acuerdos con agencias federales de Estados Unidos o México, y son vistos como los principales responsables de una nueva ola de violencia, decapitaciones y brutalidad extrema en el narcotráfico.

Según fuentes con las que mantiene contacto en las fuerzas mexicanas, las autoridades nunca consideraron a Los Zetas como parte del círculo tradicional del narco, sino como un grupo disruptivo que cambió las reglas del crimen organizado en México y su relación con el gobierno.

Hagelsieb señaló un elemento clave: existen pruebas de que Miguel Treviño Morales ordenó directamente asesinatos en territorio estadounidense, enviando pandilleros al país para ejecutar crímenes específicos.

Esta evidencia, a diferencia de las acusaciones contra otros líderes como Caro Quintero o “El Mayo”, que no han sido vinculados de manera directa con homicidios ordenados en Estados Unidos, agrava la situación legal de los hermanos Treviño Morales. Los testigos que cometieron estos delitos ya se encuentran bajo custodia y estarían dispuestos a testificar en su contra.

Por estas razones, Hagelsieb sostiene que los Treviño Morales sí enfrentan la posibilidad real de la pena de muerte.

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, enfrentan condiciones de aislamiento y confinamiento extremo en prisiones estadounidenses desde su extradición. Tras su entrega a Estados Unidos junto a otros presuntos miembros de cárteles, ambos fueron separados y recluidos en diferentes instalaciones.

De acuerdo con información revelada por Milenio, Omar Treviño Morales, “Z-42”, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde también se encuentra “El Mayo” Zambada.

Miguel Ángel, “Z-40”, permanece en una cárcel local de Virginia, fuera del sistema federal regular. Esta separación es una medida táctica ordenada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para evitar la comunicación entre ellos.

Las condiciones en estas cárceles han sido reportadas como particularmente duras. En el MDC Brooklyn se han documentado fallas en los servicios, hacinamiento, falta de calefacción y episodios de violencia entre internos.

El contacto con sus defensores está restringido al mínimo legal y, en el caso de Omar, las reuniones con sus abogados se realizan a través de un panel de plexiglás, lo que dificulta la preparación de la defensa.

El estatus de internos de alto riesgo implica vigilancia especial, restricción de visitas y monitoreo constante de las actividades legales, con el objetivo de maximizar el control sobre sus interacciones y prevenir cualquier intento de coordinación criminal desde las instalaciones penitenciarias.