El 31 de julio de 2015, cinco personas murieron brutalmente en un departamento de la colonia Narvarte, Ciudad de México. Las víctimas: el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete y la estudiante Yesenia Quiroz.
Diez años después, ante “ires y venires” de administraciones capitalinas, la investigación permanece inconclusa y la impunidad, por desgracia, continúa.
Un par de condenas pendientes y fallos institucionales
En 2015 y 2016, las autoridades arrestaron a tres sospechosos: Daniel Pacheco Gutiérrez, César Omar Martínez Zendejas y el expolicía Abraham Torres Tranquilino, quien recibió una condena de 315 años de prisión por homicidio, feminicidio, robo y secuestro.
Sí bien se dictaron las primeras sentencias, familiares y organizaciones en favor del periodismo como Artículo 19 insisten en que no permaneció ningún juicio ni avance contra los responsables intelectuales.
Aunado a ello, investigadores documentaron que dos personas más presenciaron el multihomicidio, según registros de comunicaciones antes, durante y después del crimen. Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, advirtió que la fiscalía capitalina no siguió esa línea de investigación actualmente:
“Las líneas que podrían apuntar a una autoría intelectual resultaron abandonadas”, afirmó Maldonado en entrevista reciente.
¿Un crimen político o una línea de investigación ignorada?
Espinosa y Vera huyeron de Veracruz tras recibir amenazas por su activismo y labor fotográfica. Ambas víctimas denunciaron vigilancia y hostigamiento por parte del gobierno estatal del priista Javier Duarte. Nadia señaló públicamente que responsabilizaba al gobernador de cualquier agresión.
Las autoridades de la capital descartaron así una tras otra estas denuncias sin justificación. Solo tras presión internacional, autoridades reconocieron en 2023 que el caso, posiblemente, tenga tintes de crimen de Estado. Sin embargo, no iniciaron investigaciones en esa línea.
La otra hipótesis: red de trata de personas y explotación sexual, ¿real o revictimizante?
En medio de tener en la mira causas y “venganza política” pesó más la difusión de rumores sobre Mile Virginia que una investigación seria. Su nacionalidad extranjera fue motivo para la filtración de información sensacionalista, no para abrir una línea de trata de personas.
Así pues, colectivos feministas señalaron desde 2015 que el caso presentaba elementos compatibles con explotación sexual y tráfico de personas; especialmente por los patrones de violencia sexual detectados. Ni esa, ni la hipótesis de trata ingresaron en la carpeta de investigación original.
Deterioro de evidencia y negligencias forenses
El otro problema grave fue que la escena del crimen sufrió contaminación. Documentos forenses incluyeron inconsistencias e informes incompletos. En 2022, peritos independientes encontraron que las cinco víctimas presentaron signos de tortura y violencia sexual que los detalles oficiales omitieron. Además, desaparecieron vídeos de seguridad y bitácoras del edificio nunca aparecieron.
La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió en 2017 la recomendación 4/2017, donde precisó filtraciones de información sensible por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la ausencia de perspectiva de género en la investigación inicial.
El crimen se olvida, pero en la memoria prevalece
En julio de 2025, el gobierno de la Ciudad de México retiró el memorial colocado en Narvarte sin comunicarlo a las familias. Asociaciones civiles y defensores de derechos humanos lo calificaron como una “revictimización simbólica”. Patricia Espinosa, familiar del fotoperiodista asesinado, rememoró el anuncio con indignación:
“Han pasado diez años, dos presidentes y cuatro fiscales, y seguimos en el mismo punto: sin verdad y sin justicia”.
Retirar ese memorial fue semejante, según la versión de las víctimas, a un silenciamiento simbólico que diluye la presión pública por justicia.
Una exigencia constante de la familia
Familiares organizaron actividades el 30 y 31 de julio para exigir justicia plena. Patricia, hermana del fotoperiodista, pidió que se avance en las líneas abandonadas por la Fiscalía:
- Movilización política ligada al crimen.
- Red de trata de personas con vínculos criminales.
- Cómlices o encubridores dentro de la policía o burocracia.
Un caso que desafía al sistema judicial
El caso Narvarte trasciende el homicidio múltiple. Representa un fracaso institucional que afectó periodistas, activistas y mujeres. Las fallas en la investigación alimentaron un vacío de justicia que permanece.
Instituciones como la Organización de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al Estado a resolver el crimen con perspectiva de derechos humanos.
Hoy, no existe una versión oficial completa. La investigación permanece abierta sin nuevas órdenes de captura ni líneas claras de investigación. Sin verdad histórica, no habrá justicia para Rubén, Nadia, Mile, Alejandra ni Yesenia.
Las víctimas y sus familias continúan exigiendo una investigación seria e integral. Requieren que se aborde hasta los responsables intelectuales, no solo los autores materiales.
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