Activista denuncia extorsión a migrantes de parte de la COMAR

Durante la Feria informativa contra la trata de personas, celebrada este miércoles en la pérgola del parque central de Tapachula, el activista Luis Rey García Villagrán hizo pública una denuncia sobre presuntas extorsiones y prácticas de corrupción en los procesos migratorios en la región sur de México.

El defensor de derechos humanos señaló directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), bajo la dirección de Yadira de Los Santos, como responsable de dificultar y prolongar deliberadamente los trámites para solicitantes de refugio.

García Villagrán expresó que, bajo la actual administración de la Comar, existen mecanismos que desmotivan e impacientan a quienes tramitan su refugio, lo que, según migrantes, ha llevado a la exigencia de pagos de hasta 500 dólares a cambio de agilizar el procedimiento.

A esta cantidad, se suma el cobro supuestamente realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM), que podría alcanzar los dos mil dólares, de acuerdo con versiones recogidas por el activista.

El también promotor de la próxima caravana migrante, prevista para partir el 4 de agosto, advirtió que la situación de irregularidades no ha sido atendida por las autoridades federales.

Aseguró que el comisionado de Migración en México se ha negado a remover de su cargo a la titular de Comar en Tapachula, Farah Cerdio, a pesar de las denuncias recurrentes presentadas por migrantes y colectivos defensores de derechos humanos.

Por otra parte, García Villagrán informó que, aunque la llegada de migrantes a la frontera sur ha disminuido, la presunta extorsión en la expedición de documentos por parte de las autoridades migratorias continúa, tanto en el INM como en la Comar.

Señaló que se trata de una problemática que afecta a cientos de personas que esperan regularizar su situación en México.

El activista calificó como una “vergüenza” y acto de “cinismo” que funcionarios públicos mantengan estas supuestas prácticas ilícitas de enriquecimiento a costa de la vulnerabilidad de los migrantes.

Afirmó además que autoridades locales han comenzado a participar en este esquema de corrupción, extendiendo la red de extorsión.

Durante su intervención, García Villagrán acusó también a un funcionario de apellido Talarico, quien habría sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el activista, dicho funcionario se presenta como defensor de los derechos humanos en discursos públicos, mientras encubre prácticas de corrupción dentro de las instituciones responsables de la protección y regularización migratoria en la frontera sur de México.

En días recientes, diversos colectivos han solicitado al gobierno federal mayor coordinación entre el INM, la COMAR, los gobiernos locales, así como la apertura de corredores humanitarios para evitar mayores crisis.

Mientras tanto, la comunidad internacional, incluidos organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se mantienen atentas al desarrollo de la situación.

La caravana se perfila como una de las más organizadas de los últimos meses y, de concretarse su salida, pondrá nuevamente a prueba la capacidad del Estado Mexicano para manejar la crisis humanitaria que se intensifica en el sur del país, aunado a los constantes embates y agresivas políticas migratorias propiciadas desde el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump.