A un año del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el caso sigue sin esclarecerse.
Las autoridades estatales han reiterado que la investigación se encuentra bajo competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR), y hasta ahora no se han hecho públicos avances concretos ni se ha identificado a los responsables del crimen.
Este jueves, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reiteró: “Es un asunto que está en competencia de la Fiscalía General de la República totalmente. La investigación la está atendiendo la FGR; yo no tengo información al respecto”, declaró en conferencia de prensa.
El asesinato de Cuén Ojeda ocurrió el 25 de julio de 2024. En un principio, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa afirmó que Cuén Ojeda fue víctima de un intento de asalto mientras cargaba gasolina en la comunidad de La Presita, donde habría sido baleado por dos hombres en motocicleta.
Sin embargo, esta versión fue rápidamente puesta en duda por la opinión pública y medios de comunicación, debido a inconsistencias en los testimonios, pruebas videográficas cuestionables y la falta de evidencia física en el sitio del supuesto ataque.
Posteriormente, la historia dio un giro con las revelaciones que el exlíder cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, hizo en una carta escrita desde prisión.
Las revelación de El Mayo
En agosto de 2024, la defensa legal de “El Mayo” Zambada difundió una carta firmada por el propio capo en la que ofrecía su versión de los hechos ocurridos el 25 de julio, día en que él fue arrestado en Estados Unidos. En ese documento, Zambada asegura que fue secuestrado en el rancho Huertos del Pedregal por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que durante ese mismo operativo, Héctor Cuén Ojeda fue asesinado.
Según su testimonio, la reunión a la que asistió fue convocada con el propósito de atender diferencias entre líderes políticos del estado. Afirma que al llegar al lugar fue emboscado por un grupo armado, encapuchado y trasladado por la fuerza a una pista clandestina, desde donde fue llevado en avión a El Paso, Texas. Durante el trayecto —relata— sufrió abusos físicos y lesiones graves.
“La versión de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y en contra de mi voluntad”, escribió Zambada.
Respecto a Cuén Ojeda, el capo aseguró que fue asesinado en el mismo sitio y momento en que él fue privado de la libertad.
La declaración causó un vuelco en la narrativa oficial. Además de contradecir la versión inicial de un intento de asalto.
Irregularidades y estancamiento
A lo largo de los meses que siguieron al crimen, diversos actores cuestionaron el manejo del caso por parte de la Fiscalía de Sinaloa. Una de las críticas más fuertes surgió del periodista Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, quien acusó que la entonces fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, habría presionado a médicos forenses para modificar los resultados de la necropsia.
De acuerdo con Partida, uno de los peritos habría confesado que la fiscal llegó al Servicio Médico Forense la noche del 25 de julio y exigió un dictamen que modificara la hora y causa de muerte.
El reporte oficial indicó que Cuén falleció por impactos de bala poco después de las 22:00 horas, pero según el testimonio citado por el periodista, el cuerpo mostraba signos de haber estado sin vida al menos seis horas antes, y la causa habría sido asfixia por ahorcamiento, presuntamente tras haber sido torturado.
La decisión de incinerar el cuerpo de Cuén Ojeda sin que se agotaran todas las pruebas forenses disponibles también fue severamente cuestionada.
En medio de la creciente presión mediática y política, Sara Bruna Quiñónez renunció a la titularidad de la Fiscalía estatal en septiembre de 2024.
Con la renuncia, la FGR tomó el caso y citó a declarar a todos los funcionarios estatales que participaron en la atención inicial del caso.
A doce meses del crimen, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda continúa impune. El caso, al haber sido atraído por la FGR, se mantiene fuera del alcance del gobierno estatal y ha caído en un prolongado silencio.
Ni se han identificado públicamente a los responsables materiales o intelectuales, ni se ha emitido una versión definitiva de los hechos.
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