Uno a uno: los delitos y “narcovínculos” por los que Hernán Bermúdez es acusado ante la justicia de Tabasco

Desde febrero de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco mantiene vigente una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, por su presunta participación en una red delictiva vinculada al grupo criminal conocido como La Barredora, quien antes estuvo al servicio y aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ahora, los delitos que se le imputan son extorsión, secuestro y asociación delictuosa, considerados de alto impacto y con sanciones que podrían acumular hasta 90 años de prisión. Esto después de que la orden fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien además informó que el exfuncionario se encuentra bajo alerta internacional con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo con el Código Penal de Tabasco, los delitos por los que se busca a Bermúdez Requena son de los más severamente castigados:

• Extorsión: sancionada con hasta 40 años de cárcel, especialmente si se ejerce con violencia, amenazas o se comete como parte de una estructura delictiva. En marzo de 2025, el Congreso de Tabasco endureció esta pena tras una reforma orientada a combatir la extorsión digital y organizada.
• Secuestro: este delito contempla penas de 25 a 30 años en su modalidad agravada, aplicables cuando hay daño físico o psicológico a la víctima, o cuando el delito es cometido por un servidor público.
• Asociación delictuosa: penada con 6 a 20 años de prisión, dependiendo del grado de participación, jerarquía dentro del grupo y la finalidad delictiva.

Estas sanciones, según establecen las leyes tabasqueñas, son acumulables y pueden ir acompañadas de multas, decomiso de bienes, inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación del daño a víctimas.

En conferencia de prensa, el secretario García Harfuch fue claro al señalar la gravedad de los señalamientos contra el exfuncionario:

“A partir de febrero de 2025, (Bermúdez Requena) cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. A través de los mecanismos de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia con la Fiscalía General de la República se obtuvo también la ficha roja de Interpol”.

La investigación contra Hernán Bermúdez se inició en noviembre de 2024 e incluyó inteligencia de la SSPC, la FGE Tabasco, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades castrenses. El expediente fue robustecido con documentos internos del Ejército y reportes de inteligencia filtrados por el grupo Guacamaya Leaks.

Más allá de los delitos específicos, el caso de Hernán Bermúdez Requena expone las fallas del sistema de control interno en la seguridad pública. Documentos filtrados por Guacamaya Leaks lo identificaban desde 2019 como operador criminal bajo el nombre “Comandante H”, implicado en extorsión, protección a huachicoleros y designación de mandos con vínculos delictivos.

Durante su gestión, Bermúdez mantuvo cercanía con Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, lo que ha generado cuestionamientos dentro de Morena y en el entorno político federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “no se protegerá a nadie”. Esto último en respuesta a las críticas por posibles encubrimientos.

En abril de 2025, el exjefe policiaco intentó “blindarse” legalmente con un amparo indirecto promovido desde el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Tijuana. El juez Alfonso Javier Flores Padilla concedió una suspensión provisional, pero el recurso fue invalidado poco después por tres razones:

• Falta de competencia territorial: “La orden de aprehensión no fue presentada en Baja California”, declaró el juez.
• Incumplimiento de requisitos: Bermúdez no exhibió la garantía económica exigida, por lo que la suspensión “dejaba de surtir efectos”.
• Desistimiento tácito: El exfuncionario no siguió el proceso en Tabasco, lo que dejó sin sustento la solicitud de amparo.

“La orden de aprehensión no fue presentada en Baja California (...). La suspensión dejó de surtir efectos al no haberse exhibido la garantía correspondiente”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

El juez calificó la estrategia como un “amparo buscapiés”, mecanismo que no detiene mandamientos judiciales firmes y que solo sirve para ganar tiempo mientras se ejecuta una fuga.