La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que el caso del llamado "Cártel Inmobiliario" en la alcaldía Benito Juárez continúa bajo investigación activa, y actualmente se han integrado alrededor de 55 carpetas relacionadas con presuntos hechos de corrupción inmobiliaria cometidos, principalmente, entre 2015 y 2018.
Durante una conferencia celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que de estas 55 carpetas, 22 son investigaciones formales y 33 son desgloses derivados de las principales líneas de indagación. Las pesquisas, dijo, se encuentran en distintas etapas procesales y abarcan tanto a funcionarios públicos como a particulares, incluidos empresarios del sector de la construcción.
El caso del Cártel Inmobiliario salió a la luz en la administración pasada y se refiere a una presunta red de corrupción sistemática mediante la cual se habrían aprobado ilegalmente construcciones inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez, violando normas de uso de suelo, densidad de construcción y seguridad estructural. Esta red, según la fiscalía, no operaba de forma aislada, sino que respondía a un modus operandi sostenido en el tiempo y con la participación de distintos actores.
Como resultado de estas investigaciones, la fiscal indicó que ya se han logrado cuatro sentencias condenatorias y 16 vinculaciones a proceso, mientras que otras investigaciones aún se encuentran en sus primeras fases. Algunos de los delitos que se investigan están relacionados directamente con directores generales de obra, responsables de validar y supervisar proyectos de construcción en la demarcación.
“Vamos a dar continuidad a todas las líneas de investigación, tanto en lo que respecta a los exfuncionarios públicos, como a personas privadas, accionistas y desarrolladores involucrados en estas construcciones irregulares”, subrayó Alcalde Luján.
En el mismo evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, respaldó las acciones de la fiscalía y reiteró que su administración se mantendrá vigilante ante cualquier intento de corrupción urbana en las 16 alcaldías. Aseguró que el objetivo es garantizar un desarrollo urbano legal y seguro para todos los capitalinos, y evitar que se repitan prácticas como las que han sido señaladas en Benito Juárez.
Brugada también enfatizó que, bajo su gobierno, no se tolerará la construcción irregular de vivienda ni el uso político de los permisos de desarrollo. En este sentido, aseguró que se fortalecerá la supervisión técnica y legal en materia de desarrollo urbano y uso de suelo.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones del Cártel Inmobiliario representan uno de los casos de corrupción urbanística más relevantes en la capital del país, no sólo por su escala, sino por el impacto social que ha tenido en términos de seguridad estructural, confianza ciudadana y daño al orden urbano.
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