El informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO), documentó que al menos 28 mil 900 personas fueron desplazadas internamente a lo largo del año pasado. Esta cifra representa un incremento del 129% respecto a 2023, cuando se registraron 12 mil 623 personas desplazadas.
De acuerdo con el estudio, la principal causa del desplazamiento fue la violencia vinculada al crimen organizado, expresada mediante enfrentamientos armados, ataques directos contra civiles y el uso de explosivos o drones. La mayoría de estos hechos se concentraron en zonas rurales y regiones con alta presencia de grupos armados.
Los estados que concentraron el mayor número de personas desplazadas fueron: Chiapas (61.8%), donde se registraron varios episodios de violencia en la frontera con Guatemala; Sinaloa (15.5%), que vivió un repunte de homicidios y desapariciones tras la detención de líderes criminales; Michoacán (5.4%), Chihuahua (5.4%) y Guerrero (4.8%).
En el caso de Chiapas, se documentó un desplazamiento transfronterizo: alrededor de 600 personas huyeron hacia Guatemala tras los enfrentamientos entre dos cárteles. Las personas cruzaron a pie zonas de difícil acceso hacia municipios del departamento de Huehuetenango.
Fenómeno invisibilizado por el Estado
El informe señala que el fenómeno del desplazamiento forzado sigue siendo invisibilizado por el Estado, debido a la ausencia de cifras oficiales, la falta de una legislación nacional y la fragmentación institucional. Si bien existen leyes estatales en Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022), estas no han logrado contener la violencia ni establecer mecanismos eficaces de atención y registro.
El monitoreo se realizó mediante una metodología mixta que combinó análisis cuantitativo y cualitativo. El componente cuantitativo se basó en fuentes abiertas, automatización de búsquedas, sistematización de notas periodísticas y estimaciones de personas y familias afectadas, validadas con fuentes en terreno. Por su parte, el enfoque cualitativo integró testimonios de personas desplazadas, con énfasis en el impacto emocional, familiar y cultural del desplazamiento.
Entre las consecuencias identificadas destacan duelos inconclusos, pérdida del hogar, fragmentación familiar y pérdida de identidad cultural, especialmente en comunidades indígenas. En el caso de los pueblos rarámuri, por ejemplo, la reubicación forzada ha provocado la pérdida de lengua, territorio y prácticas tradicionales.
El documento también advierte que el desplazamiento se ve agravado por la inacción o participación indirecta de actores estatales, así como por formas de violencia territorial y conflictos sociales internos. En muchos casos, las autoridades no reconocen oficialmente a las personas desplazadas, lo que limita su acceso a servicios, protección o reparación.
Pese a los avances legislativos aislados, el informe subraya que México aún carece de un marco normativo general que establezca mecanismos de coordinación entre federación, estados y municipios, así como lineamientos claros para la recolección de datos y atención integral.
El estudio advierte que sin una respuesta estructural y sostenida, el fenómeno seguirá en aumento. Llama a generar soluciones duraderas basadas en el retorno seguro, la integración local o la reubicación voluntaria en condiciones de dignidad, seguridad y acceso a derechos.
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