Fallas de vigilancia y protección generan quejas ante la CEDH contra penales de Sinaloa

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) ha recibido 28 quejas durante 2025 por presuntas violaciones en centros penitenciarios estatales. El penal de Aguaruto, en Culiacán, concentra el mayor número con 16 quejas, seguido de El Castillo de Mazatlán y Goros II de Ahome, ambos con seis.

Las denuncias se relacionan principalmente con la omisión en la atención médica o en la entrega de medicamentos, impedimentos al derecho de visita, cobros indebidos y la falta de control así como de protección dentro de las instalaciones.

Además, se presentaron quejas por omitir custodiar, vigilar o proteger instalaciones, afectando derechos de terceros en las instalaciones del centro penitenciario en cuestión.

Las revisiones efectuadas en el penal de Aguaruto, tras una balacera entre internos ocurrida el 21 de mayo, permitieron el aseguramiento de armas largas, granadas, droga, más de 250 teléfonos celulares, tecnología satelital y un túnel de escape.

Luego de las averiguaciones se decomisaron fusiles AK-47, subametralladoras, explosivos, vapeadores con sustancias, bolsas con mariguana y cocaína, entre otros objetos prohibidos. También se aseguraron 255 teléfonos celulares, módems, radios, dos antenas Starlink, laptops, memorias USB y tarjetas telefónicas.

Además, las autoridades competentes incautaron más de 90 cuchillos, puntas metálicas, herramientas, un contador de dinero y 120 mil pesos en efectivo.

El gobernador Rubén Rocha Moya atribuyó el enfrentamiento a una disputa interna entre grupos criminales por el control del penal. Dio a conocer la reubicación de reos federales en el estado para prevenir nuevas riñas y señaló que las confrontaciones obedecen a rivalidades previas entre los internos, no a la sobrepoblación.

El Gobierno estatal trabaja en la redistribución de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, con el objetivo de evitar nuevos hechos violentos al interior de los centros penitenciarios.

El documento explica que los sistemas penitenciarios deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Establece que, aunque una persona esté en prisión, no pierde su dignidad ni sus derechos fundamentales. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas dentro de los centros penitenciarios.

De acuerdo con un documento oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre los principales aspectos destacados figura que en los sistemas penitenciarios está prohibido torturar y realizar actos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se tiene derecho a la salud, a la alimentación suficiente y a la higiene, así como al acceso a espacios adecuados, atención médica y servicios básicos. Además, se estipula que por derecho debe existir una separación entre personas procesadas y sentenciadas.

Esto se suma a la protección contra el hacinamiento y la violencia dentro de las cárceles, el derecho a recibir visitas, mantener contacto con familiares y recibir asistencia legal, acceso a programas educativos, laborales y de reinserción social, así como respeto a derechos específicos de personas mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y población LGBTI+ privadas de la libertad.

El documento remarca que las penas privativas de libertad deben aplicarse respetando la dignidad y humanidad de las personas, y que el objetivo del sistema penitenciario también incluye la reintegración social.