Decenas de personas afectadas por el hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud realizaron una protesta este sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua, para exigir justicia, sanciones a los responsables y la aceleración en los procesos de identificación forense.
La manifestación comenzó frente a la funeraria Latinoamericana, una de las empresas relacionadas con el caso, y se desplazó hasta la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte, donde los inconformes entregaron un pliego petitorio. Posteriormente, una comisión fue recibida por el fiscal de distrito, Carlos Manuel Salas.
Los manifestantes portaban pancartas con frases como “Merecemos dignidad” y “386 esperan justicia”. Entre sus exigencias se incluye la investigación de funcionarios que permitieron la operación del crematorio y de las funerarias que contrataron sus servicios.
El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, conformado por más de 80 personas, se formó tras el descubrimiento ocurrido el 26 de junio, cuando autoridades localizaron 383 cuerpos al interior del crematorio Plenitud, cifra que aumentó a 386 días después. Muchos de estos cadáveres, embalsamados y listos para ser cremados, fueron abandonados durante meses, incluso años. En lugar de cenizas auténticas, los deudos habrían recibido materiales sustitutos.
Crematorio irregular
Según la FGE, el crematorio operaba de forma irregular y prestaba servicios al menos a cuatro funerarias de la ciudad. La principal hipótesis apunta a que los cuerpos sí fueron velados y trasladados para su incineración, pero nunca fueron cremados. Esto ha provocado que cientos de personas que contrataron funerarias locales entre 2022 y 2024 acudan a la fiscalía para verificar si los restos de sus familiares se encuentran entre los no identificados.
Hasta el 10 de julio, ocho cuerpos habían sido entregados a sus familiares. El resto permanece bajo análisis forense. De ellos, 181 fueron sometidos a un proceso de rehidratación de tejidos para obtener huellas dactilares que permitan avanzar en su identificación.
Por estos hechos, dos personas han sido detenidas y vinculadas a proceso: José Luis A. C., dueño del crematorio, y Facundo M. R., trabajador del establecimiento. Ambos enfrentan cargos por inhumación, exhumación y violación al respeto debido a cadáveres o restos humanos.
Varios de los integrantes del colectivo, como Arturo Montoya, Anabelia Acosta, Claudia Ceniceros y Dora Elena Delgado, relataron que no tienen certeza de que las urnas recibidas contengan las cenizas de sus familiares. Coinciden en que las omisiones no sólo son atribuibles al crematorio, sino también a la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales.
Los afectados demandan una revisión integral del sistema funerario local, la implementación de controles más estrictos sobre la operación de crematorios y funerarias, y la sanción a funcionarios públicos que omitieron su deber de vigilancia.
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