SCJN “dice adiós” sin avanzar en la discusión sobre la Prisión Preventiva Oficiosa en México

Este martes 15 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su último receso anual bajo la titularidad de la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y cuyo periodo concluye el 12 de agosto de 2025. Una vez hecho esto, el Máximo Tribunal Constitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF) entrará en un periodo de preparación para recibir a las 9 ministras y ministros que integrarán la primera corte electa “por voto popular”.

En el marco de estos nuevos cambios, la SCJN ha dejado pendientes diversos asuntos que, desde la ciudadanía y la sociedad, se han pedido revisar para poder analizar la forma en que se dicta la justicia en México. Entre ellos, se encuentra el caso de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), una figura legal que ha sido duramente criticada por, a grandes rasgos, permitir que “se encarcele primero y luego se investigue” un delito o acto ilegal en el país.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Laynez Potisek explicó que, en las dos sesiones restantes del Pleno (6 y 12 de agosto), se discutirán 14 asuntos, pero no se abordarán tópicos y casos como Pegasus o la “convencionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa”:

“No, no creo (que se discuta). Primero, tomó su lugar en la lista. (…) Dada la importancia del tema, ya pueda corresponder a la siguiente Suprema Corte”, afirmó.

Así mismo, aclaró que la SCJN debe analizar dos proyectos clave: uno de la ministra Margarita Ríos Farjat, y otro relacionado con el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“No hay espacio para votar un asunto de esta manera… a la carrera”, añadió para después señalar que ambos deben examinarse de forma conjunta, ya que “cada uno trae soluciones distintas” .

Finalmente, el jurista igualmente recalcó que, al posponer el tema, corresponderá al nuevo Pleno, presidido por Hugo Aguilar Ortiz, retomarlo tras las pasadas elecciones judiciales del 1 de junio.

Previo a estas declaraciones de su colega, la ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto que apunta a eliminar el carácter automático de la PPO. En su ponencia (acción de inconstitucionalidad 49/2021 promovida por la CNDH), plantea que esa figura no se aplique de oficio, sino que se analice “caso por caso” .

Ríos Farjat sostiene que la frase del artículo 19 constitucional –“el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente”– no implica imposición automática, sino obligación de celebrar una audiencia y ponderar criterios como la comparecencia, la integridad de la investigación y la seguridad de víctimas y testigos.

En resumen, en su proyecto de resolución, detalla que la PPO debe interpretarse bajo un enfoque de derechos humanos, no como una medida que anule la presunción de inocencia.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que ciertos delitos graves no deben quedar a criterio del juez, sino que deben tener una “orientación previa” para aplicarla:

 “Que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como homicidio o ciertos delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa” .

Sheinbaum subrayó que esta medida protege a los jueces en un contexto de altos índices de criminalidad y fortalecimiento del crimen organizado: “Desde mi perspectiva (...) es importante, incluso para protección de los propios jueces, que haya ciertos delitos donde no quede a criterio del juez” .

Aunque reconoció la necesidad de la PPO, señaló que no se busca detención automática sin fundamentos: “No es que siempre se va a detener, está siempre a criterio del juez, de acuerdo a (sic) las pruebas que presente el Ministerio Público”.

La reforma constitucional a este recurso normativo se publicó el 31 de diciembre de 2024, lo cual la lista de delitos –incluidos extorsión y fentanilo– a pesar de una orden de la CIDH de eliminarla. Actualmente, unas 70 mil personas están sujetas a este criterio, y se estima que es una medida que contraviene garantías internacionales.

Así pues, con el receso actual, la SCJN cierra su periodo sin resolver la inconstitucionalidad o reinterpretación profunda del caso.