
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un cachorro de león en Puerto Vallarta, Jalisco, tras realizar un cateo en el domicilio del poseedor el 17 de julio. La acción se originó luego de denuncias difundidas en redes sociales, en las que usuarios alertaban sobre una persona que paseaba un león cachorro en el malecón de la ciudad.
El operativo de inspección, realizado en colaboración con elementos de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de Marina y médicos veterinarios, permitió ubicar en la vivienda a un león de aproximadamente cuatro meses de edad.

Según Profepa, la persona implicada ya había cometido infracciones similares con anterioridad por mantener animales silvestres sin cumplir con las condiciones de trato digno y adecuado. Por esta razón, la dependencia presentó una denuncia penal ante la FGR por delitos contra la biodiversidad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal Federal.
De acuerdo con la Profepa, “la persona infractora es reincidente en mantener ejemplares de vida silvestre en su posesión y no darles el trato digno y adecuado”, en referencia a lo establecido en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal que sanciona la tenencia ilegal de fauna silvestre y el maltrato de ejemplares protegidos.
El aseguramiento se realizó luego de que el primer intento de inspección—el 8 de julio—no fructificara, debido a que no fue posible localizar al responsable ni al animal. Ante esa situación, la Profepa solicitó a la Fiscalía General de la República una orden de cateo, la cual fue ejecutada el 17 de julio a las 11:30 de la mañana.
El felino rescatado fue trasladado a una instalación especializada, que cuenta con plan de manejo autorizado para la especie, donde permanecerá bajo resguardo mientras avanzan los procedimientos legales y administrativos.
La Profepa informó que continuará colaborando con la FGR para la integración de los peritajes y el seguimiento puntual de la investigación penal. Además, mantendrá abierto el procedimiento administrativo iniciado contra el responsable. La dependencia hizo énfasis en que este tipo de operativos buscan inhibir la posesión ilegal y el maltrato de ejemplares de vida silvestre en el país.
El caso pone de nuevo sobre la mesa los riesgos del tráfico y la tenencia indebida de especies protegidas en centros urbanos y turísticos.
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