Tribunal ordena revisar prisión preventiva de Israel Vallarta, tras 19 años sin sentencia

Luego de 19 años y siete meses en prisión sin sentencia, un tribunal colegiado de apelación ordenó que se revise si Israel Vallarta debe seguir en prisión preventiva o si se puede cambiar de medida cautelar, como ha pedido su familia y su defensa, a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública, e incluso la ONU.

La resolución implica que la jueza de la causa, Marina Vieyra, deberá citar a una audiencia de revisión para analizarlo, si la Fiscalía General de la República (FGR) no se opone y recurre la decisión antes.

Y es que desde hace varios años, la Defensoría Pública solicitó que se cambie la medida cautelar de Vallarta, ya que su salud empeora día con día en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. No lo habían conseguido debido a que las instancias judiciales consideran que si Vallarta sigue sin tener sentencia es por culpa de su derecho a la defensa.

“La actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del asunto”, se señaló en el rechazo la última vez, obviando que, por ejemplo, Vallarta solo consiguió obligar a la FGR a cerrar la fase de instrucción del caso por medio de un amparo judicial.

A esto se suman las medidas provisionales que el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU le otorgó a Vallarta. La primera vez, fue en agosto del 2023, y la segunda, ya ampliadas, en septiembre de 2024. En estas medidas, Naciones Unidas exigía al Gobierno de México garantizar una atención médica y psicológica adecuada e inmediata requerida por su estado de salud, y aplique sin demora medidas alternativas a la privación de la libertad, como el arresto domiciliario, a fin de evitar que la salud del autor siga empeorando. Basándose en esta resolución del CAT, que es un vinculante, de acuerdo con los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Defensoría volvió a principio de año a interponer un amparo directo.

Arturo Roblesferia, abogado de Vallarta, argumentó que “es impostergable la necesidad de la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad”. Y señaló que “la afectación en su salud es degenerativa, lo que implica que con el paso del tiempo se ha agravado, volviendo incompatible su bienestar físico con la medida cautelar que resiente”.

El cuadro clínico de Vallarta incluye artrosis, sordera, tensión arterial, migraña, una lesión vertebral, trastorno ansioso, insomnio, bronquitis y gastroenteritis habituales, insuficiencia venosa.

Esto como consecuencia de torturas nunca rehabilitadas y de casi 20 años de supervivencia en prisión, donde ha llegado a sufrir agresiones de perros y de otros reclusos.

Mary Sainz, su esposa, contó que lo último fue un fuerte derrame ocular a raíz de estrés y ansiedad.

El Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, cuando hay un cambio objetivo de condición del acusado, el juzgador deberá volver a valorar si la prisión preventiva sigue siendo justificada.

Los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concedieron el amparo a Vallarta y ordenaron a la juez Tercero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, que cite a las partes a una audiencia.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República es un obstáculo ahora, igual que a lo largo de estos 20 años. Esa es la preocupación de ahora de la Defensoría Pública, que ha pedido a la FGR no obstaculizar “este camino hacia la justicia y se abstenga de impugnar esta resolución que se enmarca en los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

El proceso penal de Vallarta ya se encuentra en su etapa final. El 31 de enero pasado, se celebró la audiencia de vista que implica que ahora ya están a la espera de que se emita una sentencia definitiva de su caso.

Israel Vallarta fue detenido, junto a la francesa Florence Cassez, el 8 de diciembre del 2005 por la Agencia Federal de Investigación, dependencia de la que estaba a cargo Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ambos condenados actualmente por delincuencia organizada y tortura, respectivamente.

Los agentes tuvieron retenidos a la pareja durante casi un día, en el que a Vallarta lo torturaron brutalmente, hasta presentarlos en el mayor montaje televisivo de la policía mexicana.

Esto permitió que la Suprema Corte concediera un amparo para liberar a Cassez en el año 2013, pues estos elementos habían impedido que tuviera un juicio justo. Sin embargo, el caso de Vallarta apenas va avanzando.