Denuncian ‘huachicol electrónico’ para generar criptomonedas dentro de instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas

“¿Por qué no se ha actuado contra estos delincuentes? ¿Qué están escondiendo? ¿A quién están ocultando con su inacción?” Con estas preguntas, el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A. C. exige respuestas a las autoridades mexicanas, tras denunciar un esquema de robo de energía eléctrica en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para la generación de criptomonedas.

La organización dirigió su denuncia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañada de pruebas y documentos entregados también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Fiscalía General de la República (FGR), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Presidencia de la República.

El Frente Amplio sostiene en la denuncia que entregaron este 17 de julio en las instalaciones de la SSPC, documento del cual Infobae México tiene una copia, que Martín Esparza Flores y su círculo han perpetrado durante años actos de corrupción y delitos que afectan tanto a la base electricista como a la nación.

Entre los casos destacados figura el llamado “huachicoleo eléctrico” para minar criptomonedas, detectado en al menos cinco sedes sindicales del SME, lo que implica evasión fiscal, lavado de dinero y un daño económico considerable.

Uno de los episodios más notorios ocurrió el 31 de enero de 2025 en la sede sindical de Necaxa, municipio de Juan Galindo, Huauchinango, Puebla.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional, Guardia Nacional, Marina Nacional y policías estatales y municipales, respaldó a cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desactivar la generación de criptomonedas. Se retiraron las líneas de media y alta tensión que alimentaban los servidores instalados en el inmueble sindical.

No obstante, denunciaron, no se resguardó el edificio, no se decomisaron los equipos de cómputo ni hubo detenidos; la intervención se limitó al corte de energía.

El inmueble, ubicado a escasos metros del Palacio Municipal, operó durante más de un año sin que las autoridades locales detectaran el robo de electricidad ni el ruido constante de los ventiladores de los servidores, que funcionaban, según denunciaron, las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7).

El operativo fue documentado por radio, prensa y televisión, con imágenes, videos y declaraciones del responsable del inmueble, Miguel Márquez Ríos, actual diputado local y dirigente sindical.

Márquez Ríos afirmó deslindarse de las actividades ilícitas, alegando que el inmueble “estaba rentado” y que “mostraría el contrato de arrendamiento”, aunque no presentó ningún documento que respaldara esa versión.

A medio año de estos hechos, el Frente Amplio expresa su preocupación por la falta de acciones legales y la posibilidad de que el caso quede impune. La organización también denuncia un caso reciente en El Oro, Estado de México, donde, según la CFE y su “Formato de aviso de cobro de ajuste a la facturación por uso indebido sin contrato 1012/2025” fechado el 24 de junio de 2025, se detectó el robo de electricidad en las instalaciones del SME.

En solo un bimestre, mencionó el Frente, sustrajeron seis millones de kilovatios-hora (kWh), cantidad equivalente al consumo de más de cinco mil viviendas y valorada en más de 16 millones de pesos. Todo esto ocurrió en una localidad pequeña y con limitada capacidad de generación.

El Frente Amplio advierte sobre el impacto de este “huachicoleo eléctrico” en la zona centro que atendía Luz y Fuerza, donde la actividad ilegal se habría extendido por más de un año, utilizando bienes nacionales y sindicales.

Además de Necaxa y El Oro, se señala la existencia de operaciones similares en San Simonito (Estado de México), Juandhó (Hidalgo), Villa Coapa (Ciudad de México) y posiblemente en otras localidades, bajo la supervisión y aprobación de Martín Esparza Flores y José Humberto Montes de Oca Luna, secretario general y secretario del exterior del SME, respectivamente.

El documento denuncia que millones de kilovatios-hora robados a la nación representan miles de millones de pesos que dejan de ingresar a la CFE, afectando directamente a los usuarios a través de sus recibos de luz.

El Frente Amplio subraya la opacidad de estas operaciones: “Y lo peor, sin saber a quién le están minando las criptomonedas, quién o quiénes se benefician de esa actividad, qué se compra o qué se paga con el dinero virtual. Todo en la opacidad y, hasta ahora, todo en la impunidad.”

La denuncia también aborda la reciente reelección de Martín Esparza al frente del SME, tras un proceso electoral que califican de fraudulento. Esparza, con 20 años en el cargo de secretario general, busca extender su mandato por cinco años más, sumando un cuarto de siglo en el puesto, lo que el Frente Amplio considera ilegal e ilegítimo.

Según la organización, la reelección tiene como objetivo continuar el enriquecimiento ilícito y el saqueo a los trabajadores y a la nación, así como mantener el esquema de “huachicoleo” eléctrico y generación de criptomonedas.

A estas actividades recientes se suman otras irregularidades históricas: uso prohibido de bienes nacionales para fines particulares, renta ilegal de inmuebles sindicales, la simultaneidad de Esparza como patrón y dirigente sindical por su cargo en el Consejo de Administración de Fénix, enriquecimiento inexplicable de él y su familia, millonarias liquidaciones tras la extinción de Luz y Fuerza, rentas vitalicias para allegados, fraude electoral en el SME y la negación del derecho a votar y ser votado a miles de electricistas.

El Frente Amplio concluye que, pese a la gravedad de estos hechos, las autoridades laborales y judiciales brillan por su ausencia.