Gobierno de Sinaloa niega abandono de colectivos de búsqueda en Mazatlán: “Sí hay apoyo, aunque el Comité no ha sesionado”

Aunque el Comité de Búsqueda de Personas en Mazatlán lleva dos meses sin sesionar, el Gobierno municipal asegura que el apoyo a las personas rastreadoras no se ha detenido. Así lo afirmó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, quien precisó que la colaboración se brinda principalmente a través del vicefiscal de Justicia en la Zona Sur Sinaloa.

“Nos piden palas, herramientas, acompañamiento... y lo que podemos apoyar, lo damos. No salimos públicamente porque entendemos que no se trata de protagonismos, sino de acompañar a los colectivos”, declaró Ríos Pérez.

El funcionario justificó la falta de sesiones del Comité local de Búsqueda de Personas señalando que las y los integrantes han estado ocupados en tareas de rastreo en campo.

“No hemos podido sesionar porque están en la calle. Nosotros les pedimos fecha y nos mandan hasta el mes que entra. Están trabajando, no es omisión”, explicó.

La postura del Ayuntamiento se da después de que Irma Arellanes Hernández, dirigente del colectivo “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos”, denunciara públicamente la falta de apoyo institucional y la nula operatividad del Comité, creado en marzo pasado sin participación directa de familiares de desaparecidos.

Arellanes también señaló la carencia de resultados y de acompañamiento efectivo por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con Ríos Pérez, la Vicefiscalía se convirtió en el principal enlace entre los colectivos y el Gobierno local. A través de esta instancia se canalizan las peticiones de insumos y asistencia.

“El vicefiscal está muy contento con la forma en que lo estamos haciendo. Nos reunimos a diario y todo se gestiona con él para no entorpecer los procesos de investigación ni revictimizar a nadie”, apuntó.

Finalmente, el funcionario reiteró que el objetivo del Ayuntamiento no es figurar en las búsquedas ni en los medios, sino respetar los procesos judiciales y colaborar de forma estructurada.

“Antes se hacía mucho ruido y no se ayudaba a las víctimas. Ahora lo hacemos de manera integral, cuidando los debidos procesos”, concluyó.

La violencia en diversas regiones de Sinaloa comenzó a tener consecuencias directas sobre los servicios de salud y atención de emergencias. Tanto el programa federal Salud Casa por Casa, como la Cruz Roja Mexicana, tuvieron que pausar actividades en zonas de riesgo, ante la falta de condiciones de seguridad para su personal.

El delegado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, confirmó que médicos y enfermeras dejarán de acudir a ciertas comunidades cuando se registran hechos delictivos.

“Cuando se ha detectado una zona con inseguridad, los compañeros se resguardan. Lo más importante para nosotros es su seguridad”, declaró en conferencia.

Aunque el funcionario no precisó qué localidades fueron afectadas, indicó que las visitas se reanudarán una vez que haya condiciones adecuadas.