
La Fiscalía Especializada en Feminicidios de San Luis Potosí logró que un tribunal dictara una condena de 45 años, siete meses y quince días de prisión en contra de Martín Gerardo “N”, por asesinar brutalmente a una niña de apenas un año de edad y obligar a su madre a inhumar su cuerpo de manera ilegal en un predio del municipio de Zaragoza, en julio de 2020.
Los hechos, ocurridos hace cinco años, comenzaron cuando el imputado agredió a la menor hasta causarle la muerte. Luego, en un acto repudiable, coaccionó a la progenitora para que lo ayudara a ocultar el cuerpo bajo tierra. En un juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que permitieron calificar el acto como feminicidio agravado, en concurso real con el ilícito de inhumación y exhumación ilegales. Durante la sesión, se detalló que tras la detención y la vinculación a proceso del acusado, se siguieron todas las etapas del sistema penal hasta aportar la evidencia requerida para lograr el fallo condenatorio.
La sentencia cubre una pena considerablemente elevada por tratarse de una víctima menor de edad, y contempla también el pago de una compensación económica a la familia y una sanción pecuniaria al Estado. Además de los años de cárcel, Martín Gerardo “N” deberá afrontar responsabilidades financieras derivadas del daño causado.

Una desaparición que terminó en feminicidio
El caso fue investigado originalmente tras activarse una alerta Amber por la desaparición de la niña. Luego de varios días de búsqueda, la Fiscalía logró localizar el cuerpo y detener al presunto responsable. Durante el juicio oral, los agentes explicaron que el tribunal consideró acreditado el vínculo entre el acusado y la madre de la menor, quien ya no contaba con más opción que obedecer bajo amenazas, lo que representa otra arista del horror vivido por la familia.
Este fallo judicial también subraya la gravedad del maltrato infantil en la región. Según datos recabados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante el primer trimestre de 2025 se reportaron 76 víctimas menores en San Luis Potosí, cifra que incluye agresiones tanto físicas como sexuales. Con ello, el Congreso local ha aprobado recientemente reformas que endurecen las penas por violencia infantil, elevando el rango de sanciones a entre ocho y 15 años de prisión y declarando imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.
La condena de Martín Gerardo “N” se inscribe dentro de una política de “cero tolerancia” hacia la violencia de género y la protección infantil. Las autoridades han enfatizado que esta resolución debe servir de mensaje claro: quien actúe contra la integridad de un menor, especialmente en condiciones de indefensión, enfrentará el peso completo de la ley, sin importar si el agresor tiene relación cercana con la familia.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos de la infancia han aplaudido el fallo, pero advierten que casos como este no son aislados, y exigen políticas de prevención más eficaces, especialmente en zonas rurales y en poblaciones vulnerables donde el acceso a justicia es limitado.
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