
Desde el Museo de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la capital, dio a conocer de manera oficial las 14 acciones implementadas durante su administración para abordar la problemática de la gentrificación en zonas afectadas en materia de vivienda.
Las recientes manifestaciones en las colonias Condesa, Roma y Juárez motivaron al gobierno local para ejecutar una estrategia que pueda mitigar los efectos de la gentrificación en la ciudad. Como parte de ello, se propuso un conjunto de acciones destinadas a frenar el desplazamiento de residentes, así como el encarecimiento de los servicios, asegurando el derecho a una ciudad habitable, asequible y con identidad.
Durante el evento “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, la mandataria detalló que las 14 líneas de acción están orientadas a contrarrestar el arraigo comunitario y organizar un frente social mediante alianzas para la defensa de la comunidad, los arrendadores y la vitalidad de los barrios.
Acciones contra la gentrificación: ¿Cuáles son?
En su participación, Brugada Molina presentó el “Bando 1 Por una ciudad habitable y asequible”, plan integral orientado en abordar los efectos del fenómeno, así como el incremento de las rentas, el desplazamiento de habitantes originarios y la pérdida de identidad en pueblos.
Bajo la instrucción del gobierno capitalino, esta estrategia pretende enfrentar la gentrificación a través de políticas públicas enfocadas en la justicia habitacional, evitando la exclusión urbana y garantizando el derecho a una vivienda adecuada y asequible, además de desarrollar un modelo propio con participación ciudadana y de autoridades.

Entre las medidas destacadas, el “Bando 1” incluye acciones como la regulación de los precios de renta, la protección de los derechos de las personas arrendatarias y la promoción de reformas legales, entre otras medidas como las siguientes:
- Estabilizar las rentas: Los alquileres en la capital no podrán tener un aumento mayor a la inflación reportada por el INEGI en el año anterior. Se impondrán instrumentos jurídicos para garantizar su cumplimiento.
- Índice de precios de alquiler y zonas de tensión: Aplicará políticas integrales en favor del fortalecimiento comunitario, la inclusión urbana y frenar los desplazamientos involuntarios.
- Fortalecimiento de regulación de la renta de vivienda: Se determinará metodología rigurosa para regular la operación de alquiler de viviendas de uso temporal.
- Defensoría de derechos de los inquilinos: Crearán un nuevo organismo público para apoyo legal, mediación y defensa para sancionar el abuso en las rentas o despojos ilegales.
- Ley de rentas justas, razonables y asequibles: Impulsarán una ley para regular los precios de alquiler de vivienda, equilibrar derechos y obligaciones entre arrendatarios y arrendadores.
- Vivienda pública con enfoque sostenible: Se priorizará la construcción de vivienda pública, en zona céntricas y de alta presión inmobiliaria a partir de un modelo sostenible.
- Vivienda pública en renta para sectores prioritarios: Ampliará el arrendamiento social para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores.
- Vivienda nueva progresiva: Fortalecer apoyo de vivienda para ampliar espacios habitacionales en barrios, y creación de condominios populares.
- Coordinación con sector privado: Se combatirá la especulación inmobiliaria en zonas criticas, promoción de producción de vivienda asequible.
- Plan maestro: Planeación participativa con la comunidad habitantes, en zonas de alta tensión para definir lineamientos, estrategias y acciones.
- Programa de arraigo comunitario: Protegerán espacios públicos y patrimonio cultural con políticas de cohesión social, diversidad y la pluralidad.
- Estímulos a comercios locales: Fortalecerán la economía barrial con apoyos a Mipymes, oficios tradicionales y pequeños comercios, con créditos incentivos.
- Participación comunitaria en la gestión: Promoverán políticas de inclusión, arraigo, convivencia y reducción de desigualdades con participación activa de comunidades.
- Observatorio de Suelo y vivienda: Creación de una instancia, para sistematizar y analizar datos sobre precios y contratos de vivienda y suelo, incluyendo renta corta larga duración con respaldo jurídico.
Con la puesta en marcha de este bando, la Ciudad de México se posicionará como pionera en América Latina al implementar mecanismos para regular las rentas y asegurar el acceso a la vivienda adecuada como parte del derecho a la ciudad. La estrategia representa el inicio de una transformación profunda en la forma de acceder a la vivienda y enfrentar estos fenómenos urbanos.
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