La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí descartó la existencia de un “campo de exterminio” en la comunidad de San Antonio de las Huertas, municipio de Matehuala, donde colectivos de familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de restos óseos quemados en una zona conocida localmente como “la Noria”.
El operativo de búsqueda inició el martes 18 de junio tras una denuncia presentada por el Colectivo Familiares en Búsqueda de Desaparecidos.
Integrantes del colectivo guiaron a peritos y agentes de la FGE hasta un terreno de difícil acceso, caracterizado por pozos, estructuras metálicas y basura, donde señalaron posibles evidencias relacionadas con desapariciones forzadas.
Contexto de la situación
Durante la inspección, autoridades ministeriales localizaron restos óseos calcinados y fragmentos de ropa en varios puntos del terreno. Sin embargo, la Fiscalía indicó que las diligencias realizadas por servicios periciales permitieron establecer, en una primera valoración, que los restos no corresponden a humanos y que tampoco existen indicios suficientes para catalogar el sitio como un campo de exterminio.
No obstante, los huesos y objetos recolectados fueron asegurados y enviados al laboratorio de antropología forense para análisis especializados que permitan determinar su origen con precisión.
La posición de la Fiscalía fue dada a conocer por el fiscal José Luis Ruiz Contreras, quien recalcó que hasta el momento no hay información científica que compruebe la existencia de un campo de exterminio en la zona señalada, pero aseguró que las investigaciones continuarán para descartar cualquier hipótesis ante el reclamo y las denuncias de los familiares.
Por su parte, el colectivo Familiares en Búsqueda de Desaparecidos manifestó su desacuerdo con la postura de la autoridad. Integrantes señalaron que la zona presenta características similares a las de otros lugares de México donde se han encontrado restos humanos tras procesos de quema o destrucción deliberada.
Reiteraron su demanda para que las autoridades federales intervengan en las investigaciones y pidieron transparencia en el análisis de los restos, así como la participación de expertos externos en derechos humanos y búsqueda de personas.
El caso generó preocupación entre pobladores de Matehuala, quienes han reportado un aumento de desapariciones en la región durante los últimos años. Organizaciones civiles advirtieron que la confirmación del hallazgo tendría implicaciones graves en el contexto de violencia que enfrenta San Luis Potosí y la región del Altiplano.
Mientras tanto, la FGE mantiene asegurado el predio localizado y anunció la continuación de las pesquisas en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Civil. Colectivos exigen resultados claros y acciones contundentes para la identificación y localización de personas desaparecidas en el estado.
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