Imputan por fraude a dirigente del PRI en Mérida; el tricolor minimiza y lo tilda de “conflicto mercantil”

Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en la capital yucateca, enfrenta un proceso penal por un presunto fraude cometido entre 2023 y 2024. El caso, bajo la causa 370/2025, se tramita en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del estado.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía General del Estado, el señalamiento deriva de un acuerdo financiero no cumplido, en el que se prometió participación accionaria en una empresa sin que esta se materializara. El monto del posible perjuicio económico asciende a 12 millones de pesos.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el acusado fue notificado de los cargos en su contra. Aunque el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso, el imputado se acogió al plazo legal para presentar su defensa, por lo que la audiencia fue aplazada y continuará el lunes siguiente.

Las medidas impuestas por la autoridad judicial incluyen restricción de salida del estado, firma periódica, garantía económica, vigilancia institucional, prohibición de contacto con la parte denunciante y uso obligatorio de un dispositivo electrónico de localización.

La denuncia fue interpuesta a finales de 2024 por un particular que asegura haber aportado recursos para un proyecto de inversión, bajo la promesa de obtener el 40 % de participación en una sociedad mercantil. Según su versión, tras la entrega del capital no se formalizó ningún contrato, ni se devolvió el dinero.

Echazarreta, en ese periodo, ocupaba un cargo legislativo local por la vía plurinominal como parte de la bancada de Morena. Posteriormente, al no obtener alguna candidatura para los comicios de 2024, se integró al PRI, donde actualmente encabeza la dirigencia municipal en Mérida.

En su trayectoria política ha pasado por distintas fuerzas, incluyendo el PAN, PRD y el extinto PES. También fue coordinador en Yucatán de la precampaña presidencial de Marcelo Ebrard durante el proceso interno de Morena.

Tras su imputación, el dirigente tricolor se declaró inocente y aseguró que enfrentará el proceso con apego a derecho. Indicó que aportará pruebas para desvirtuar las acusaciones y evitó referirse a detalles del litigio. Declaró que el procedimiento legal no afectará sus funciones políticas ni su participación pública.

El denunciante sostiene que no se trata de un asunto político, sino de una relación de negocios que no prosperó y que resultó en un daño económico. Asegura que en los últimos meses no ha habido intentos de conciliación ni reembolso, y que el caso representa una afectación directa a su patrimonio.

Por otro lado, la dirigencia estatal del PRI calificó la imputación como una judicialización indebida de un conflicto de carácter mercantil. Argumentó que la acción penal responde a un interés por desacreditar políticamente al dirigente local, aunque no ofreció pruebas que sustenten esa afirmación.

La investigación se mantiene abierta y su continuidad dependerá del desarrollo de la próxima audiencia. Las autoridades no han confirmado si existen otros procedimientos relacionados con este caso.