Avanza desarrollo inmobiliario en San Bruno, Yucatán, pese a riesgos ambientales y rechazo comunitario

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó un nuevo complejo habitacional de casi cuatro mil metros cuadrados en la playa San Bruno, ubicada en el municipio de Dzemul, Yucatán. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto reconoce al menos 94 posibles afectaciones, entre ellas, alteraciones a la flora, fauna, suelo, agua subterránea y entorno social.

El proyecto, denominado “Departamentos en la playa”, contempla un edificio de seis niveles con cinco departamentos por planta, además de piscina y terraza. Será construido en una franja del litoral yucateco que ya presenta una alta densidad de desarrollos turísticos y residenciales. De acuerdo con autoridades municipales, en los 16 kilómetros de costa que abarcan San Bruno, San Benito y Chabihau, existen más de dos mil 500 complejos inmobiliarios.

Todos estos inmuebles extraen agua de pozos privados, lo que, según expertos, incrementa el riesgo de salinización del acuífero y de contaminación del manto freático. La zona forma parte del sistema geohidrológico conocido como “Semicírculo de cenotes”, con valor ambiental y cultural relevante.

El periodo estimado para la etapa de preparación y construcción es de tres años, con una inversión proyectada de 49.8 millones de pesos. La MIA contempla la remoción de vegetación y excavaciones para cimentación en un área con especies como nopal, verdolaga y uva de mar. También se anticipa el desplazamiento de fauna silvestre.

El proyecto contradice las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, que establece un límite de altura de siete metros para nuevas construcciones y la obligación de respetar una franja de 60 metros de duna costera.

Organizaciones comunitarias y habitantes de Dzemul han señalado que no se realizó ninguna consulta ciudadana antes de autorizar este nuevo desarrollo. Denuncian que los accesos públicos a la playa se han reducido de forma sistemática, ya que numerosos complejos privados han cerrado los pasos tradicionales hacia el mar, restringiendo el ingreso incluso a los residentes locales.

Investigadores académicos han documentado las consecuencias de esta expansión inmobiliaria. Se ha registrado erosión en zonas de duna donde se levantaron construcciones, pérdida de playas tras eventos meteorológicos y un incremento en la presión sobre los servicios básicos. Además, han advertido sobre los impactos sociales derivados de la transformación del entorno: desde la pérdida del acceso al espacio público hasta la modificación de prácticas culturales y modos de vida en las comunidades costeras.

Según datos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2018 y 2025 se han presentado 200 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por afectaciones a la vegetación costera en Yucatán.

Entre enero y junio de 2025, al menos 10 nuevos proyectos inmobiliarios han sido ingresados ante la Semarnat para evaluación en municipios como Telchac Puerto, Progreso, El Cuyo, San Bruno y San Crisanto.

En una visita reciente al estado, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció que el problema del cierre de accesos públicos persiste. Aseguró que buscarán acuerdos con propietarios para facilitar el ingreso a las playas.

Investigadores del Cinvestav han advertido que, en los últimos 40 años, el cambio de uso de suelo en los mil 250 kilómetros de costa de la península ha sido impulsado principalmente por el turismo y la industria inmobiliaria. Señalan que más del 90 % de las aguas residuales generadas en esta región no reciben tratamiento antes de llegar al acuífero, lo que representa un riesgo ambiental considerable.

Residentes locales han expresado su preocupación ante el crecimiento continuo de estos desarrollos. Consideran que se prioriza la infraestructura para los nuevos complejos por encima de las necesidades básicas de las comunidades, como el acceso al agua potable.