Vapeadores ilegales en México: el efecto de la prohibición constitucional en el contrabando

Provocó el auge del contrabando y el fortalecimiento del mercado negro; expertos exigen una regulación efectiva

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Provocó el auge del contrabando
Provocó el auge del contrabando y el fortalecimiento del mercado negro; expertos exigen una regulación efectiva

La prohibición constitucional en México de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos similares ha tenido un efecto colateral no previsto por las autoridades: el fortalecimiento del mercado negro y el incremento del contrabando operado por bandas criminales, que ahora controlan gran parte de la distribución ilegal de estos productos en el país.

Desde el pasado 17 de enero de 2025, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que prohíbe “toda actividad relacionada con cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, México se convirtió en el primer y único país del mundo en elevar esta restricción al rango constitucional.

Lejos de reducir su consumo, la demanda de vapeadores ha crecido de forma significativa. Así lo denunció Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, quien advirtió que esta medida ha generado un mercado clandestino dominado por el crimen organizado.

El crimen organizado ocupa el vacío

De acuerdo con Cirión Lee, zonas como Tepito en la Ciudad de México y el Mercado de San Juan en Guadalajara se han consolidado como centros neurálgicos para la venta ilegal de vapeadores, los cuales ingresan al país por contrabando, sin pasar por controles sanitarios o fiscales.

La prohibición constitucional de vapeadores
La prohibición constitucional de vapeadores en México ha provocado un efecto adverso: el crecimiento del mercado negro y el control de su distribución por parte de bandas criminales en diversas regiones del país

“La prohibición no elimina el consumo. Lo que hace es regalar el mercado a las bandas criminales”, señaló el activista, quien también es maestro en Derecho por la UNAM.

Los principales puntos de entrada de estos productos ilegales son los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, así como las fronteras con Guatemala, Belice y especialmente Estados Unidos, donde los vapeadores pueden comercializarse legalmente sin restricciones.

Riesgos sanitarios y acceso para menores

La falta de regulación no solo ha favorecido al crimen organizado, sino que también ha expuesto a menores de edad a la compra sin control de dispositivos de vapeo. “Hoy, los adolescentes pueden adquirir estos productos con facilidad a través del mercado negro, lo que incrementa los riesgos sanitarios y sociales”, advirtió Cirión Lee.

Además, recordó que estudios como los del Royal College of Physicians del Reino Unido concluyeron que los dispositivos electrónicos son 95 por ciento menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, por lo que muchas personas los usan como una herramienta para dejar de fumar.

El tema llegó a la OTAN

El impacto internacional del contrabando de vapeadores en México fue abordado incluso en la más reciente reunión de la OTAN, celebrada los días 24 y 25 de junio de 2025 en La Haya, Países Bajos, donde se discutió el papel de los cárteles mexicanos en la distribución ilegal de productos de consumo, incluido el vapeo.

“Cuando existen vacíos en las políticas, el crimen organizado los llena. Eso es lo que ha pasado en México”, sentenció Cirión Lee, al insistir en que lo más efectivo sería una regulación clara que establezca reglas para la fabricación, importación, distribución y venta legal de estos dispositivos.

Juan José Cirión Lee, presidente
Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, ha sido uno de los principales críticos de la prohibición constitucional de vapeadores en México, advirtiendo sobre el fortalecimiento del mercado negro y los riesgos sanitarios y sociales que esta medida ha ocasionado

Una reforma con efectos contraproducentes

A seis meses de su entrada en vigor, la prohibición constitucional ha dejado como saldo un mercado negro fortalecido, mayor presencia del crimen organizado en la distribución de productos ilegales, y una demanda al alza que no se detiene pese a la ley.

Expertos y organizaciones civiles llaman a replantear el enfoque prohibicionista y transitar hacia un modelo de regulación responsable, que permita proteger la salud pública y al mismo tiempo cerrar las puertas al contrabando y al financiamiento de actividades ilícitas.