Ricardo Monreal impulsa iniciativa para expedir una Ley General por el delito de extorsión

En razón de combatir la extorsión, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, promoverá la iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución. Con el aval del Congreso, se arrancará una estrategia nacional enfocada en las entidades con mayor incidencia de este delito.

En un video difundido en X, el legislador señaló que, tras la aprobación de las leyes en materia de seguridad pública por parte del Congreso de la Unión, el Secretario de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad se dio a conocer una estrategia nacional que se implementará inicialmente en ocho estados, la cual concentra cerca del 70% de los casos de extorsión en el país.

Refirió que la reforma deriva del nuevo marco jurídico-constitucional aprobado recientemente por los diputados, lo que otorga a la autoridad la facultad de operar bajo reglas claras y con límites definidos para el ejercicio de sus funciones.

“Hace unas semanas presenté una iniciativa de modificación al artículo 73 constitucional, en su fracción XXI, para poder combatir este flagelo que se ha venido incorporando, lamentablemente en perjuicio de los ciudadanos: la extorsión. Es juntos como podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada”, enfatizó.

En su mensaje, el coordinador de Morena reconoció al gobierno de Claudia Sheinbaum por emitir propuestas enfocadas en restaurar la seguridad. Además, destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad por dirigir sus esfuerzos a combatir los delitos que mayor afectan en la población mexicana.

¿De qué va la iniciativa? La norma, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de crear una Ley General sobre la prevención, sanción y persecución del delito de extorsión, así como la atención a las víctimas.

Monreal Ávila argumentó que, la creación de una Ley General permitiría unificar la legislación en todo el país, mejorar la capacidad de las instituciones, aprovechar mejor los recursos y garantizar el acceso equitativo a la justicia y la protección de derechos en todo México: “Un enfoque integral y coordinado es necesario para abordar dicha problemática de forma efectiva”.

En su intervención, el diputado consideró que la extorsión es un delito que afecta en todos los sectores de la sociedad, el cual no contempla distinción en nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia.

Aunque el delito se encuentra estipulado en el Código Penal Federal, declaró que la comisión de este continúa afectando la percepción sobre los niveles de seguridad en el país: “Todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”.

“La necesidad de expedir una Ley General en la materia radica, entre otros aspectos, en la disparidad de criterios normativos que actualmente existen entre las entidades federativas y en la falta de una respuesta coordinada a un fenómeno que, por su naturaleza y alcances, requiere de un marco jurídico homogéneo y eficaz”, subrayó.

Por su parte, afirmó que la extorsión, el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, han afectado a cerca de 1.3 millones de pequeños y medianos negocios, lo que equivale al 27.2 por ciento de las unidades económicas en México.