Este martes 8 de julio se reanudaron las actividades en el Poder Judicial de la Ciudad de México, después de 43 días de paro laboral. Cerca de 11 mil trabajadores retornaron a sus oficinas tras el acuerdo alcanzado el fin de semana entre autoridades y la representación sindical.
La suspensión inició el 29 de mayo de 2025, motivada por demandas de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Durante el paro se mantuvieron cerradas varias sedes, incluida la Ciudad Judicial y los juzgados ubicados en los reclusorios Oriente, Sur, Norte y Santa Martha.
El regreso a labores estaba previsto inicialmente para el lunes 7 de julio. Sin embargo, parte de los trabajadores solicitaron que los acuerdos alcanzados fueran publicados formalmente en la Gaceta del Poder Judicial local, lo que retrasó la reapertura.
En los últimos dos días, se registraron tensiones en puntos como el Consejo de la Judicatura, donde ocurrieron empujones y gritos entre manifestantes.
Finalmente, este martes quedaron reabiertas todas las sedes judiciales tras la publicación de los acuerdos. El pacto establece el pago de un bono extraordinario en diciembre de este año y la basificación del personal bajo convocatorias periódicas.
También se garantizó que no habrá represalias económicas ni administrativas contra quienes participaron en las protestas.
El documento fue firmado por el oficial mayor Sergio Fontes, en representación del presidente del Poder Judicial de la CDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, así como representantes de la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno de la Ciudad de México.
Con este acuerdo, se normalizaron las actividades en los órganos jurisdiccionales y administrativos del sistema judicial local, lo que permite la reactivación de todos los procesos y servicios que permanecieron suspendidos durante el paro.
En su momento, los trabajadores rechazaron el llamado al regreso laboral realizado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, al señalar que no se dio ningún acuerdo tras 20 mesas de negociación.
El pliego petitorio incluía un aumento salarial inmediato del 7 por ciento, garantías contra represalias, mejores condiciones de trabajo, basificación, reconocimiento de antigüedad, participación en la planeación presupuestal del siguiente año y un bono extraordinario antes de diciembre.
Durante las cinco semanas de paro se denunció que las autoridades solo ofrecían promesas sujetas a un análisis presupuestal para septiembre, trabajadores alertaron que la próxima reforma judicial podría eliminar avances laborales. Finalmente tras la firma del acuerdo, el día de hoy todas las sedes retomaron sus labores.
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