Aplazan audiencia de sacerdote de los Legionarios de Cristo acusado de violación en Coahuila

La audiencia inicial contra el sacerdote Antonio María N, integrante de la congregación de los Legionarios de Cristo, quedó suspendida tras la solicitud de la defensa para una prórroga debido a la complejidad de la carpeta de investigación. El caso responde a una denuncia por presunto abuso cometido en agravio de un menor de 14 años en Torreón, Coahuila.

El sacerdote, quien ocupa un cargo en la iglesia “San José” de Torreón, habría sido señalado por presuntamente cometer el delito tras una confesión que el menor realizó en 2021, cuando tenía apenas 14 años de edad. Los hechos denunciados en la carpeta de investigación han generado preocupación y tensión en los círculos religiosos y sociales de la región.

El proceso judicial, que debía iniciar la última semana, se pospuso luego de que la defensa argumentara no haber podido revisar todos los datos de prueba presentados por la parte acusadora. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con la solicitud, ya que la carpeta supera las 2,000 fojas, lo que dificulta su revisión en poco tiempo. Ante estas circunstancias, el nuevo encuentro ante el juez quedó programado para el lunes 22 de julio.

Por el momento, la audiencia no se ha realizado ni se ha dictado vinculación a proceso. El sacerdote permanecerá bajo la medida de restricción de firmar periódicamente y se le impuso la prohibición de acercarse a la presunta víctima y su familia, así como a la iglesia a la que pertenecía el menor.

La congregación de los Legionarios de Cristo, a la que pertenece el sacerdote implicado, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público acerca del caso en Torreón. Sin embargo, la organización religiosa ha enfrentado previamente múltiples denuncias en México y otros países sobre conductas indebidas de algunos de sus integrantes, lo que ha motivado diversas investigaciones al interior de la misma y ante autoridades civiles y eclesiásticas.

Desde que se presentó la denuncia, los representantes legales del menor han solicitado que las investigaciones se realicen con transparencia y bajo un enfoque de protección a los derechos del niño. Han pedido también el acompañamiento de instancias gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos para garantizar el debido proceso y la no revictimización del menor y su familia.

El caso ha reavivado el debate público sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de instituciones religiosas. Distintas organizaciones civiles han señalado la necesidad de que las investigaciones se lleven a cabo sin privilegios para ningún implicado, y que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas.

La suspensión de la audiencia representa un paso más en un proceso que, debido a la cantidad de pruebas y la sensibilidad del caso, podría prolongarse durante varios meses. Mientras tanto, las autoridades judiciales y las partes involucradas deberán preparar la presentación de todas las evidencias y dictámenes periciales requeridos por el juez para determinar la situación legal del sacerdote Antonio María N.