Víctima de violencia sexual y feminicidio, 8 años sin justicia para Diana Velázquez, un implicado sigue libre

El pasado 2 de julio se cumplieron 8 años del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, mujer, hija, hermana y amiga, la joven tenía 24 años de edad, a la fecha, su mamá Lidia Florencio la sigue nombrando como un acto de Memoria y Justicia, hasta la fecha siguen exigiendo la búsqueda y aprehensión de un segundo implicado en el caso.

El delito fue cometido en 2017, en una de las entidades que ya desde la gubernatura de Enrique Peña Nieto registraba cifras alarmantes de violencia machista y feminicida en contra de las mujeres.

Diana Velázquez era habitante de Chimalhuacán, en el Estado de México, salió de su casa para realizar una llamada, pero jamás regresó, fue secuestrada, violentada sexualmente y asesinada.

Desde entonces, Lidia Florencio emprendió una lucha, no solo para lograr una sentencia hacia quien cometió el delito que privó de la vida a su hija, sino contra las distintas autoridades que constantemente se muestran indolentes hacia los familiares de las mujeres víctimas de esta y otras violencias.

La mamá de Diana Velázquez casi siempre muestra una fotografía de su hija, en la cual está peinada de trenzas, algo que la caracterizaba. El día que Diana desapareció, su madre y ella habían discutido, por lo que salió de su casa, pero al paso de las horas su familia se preocupó, comenzando una búsqueda inicial por los alrededores de su hogar.

Al día siguiente, familiares de la víctima acudieron a denunciar ante un Ministerio Público (MP), encontrándose con el entorpecimiento de una pronta búsqueda, ya que como en otros casos de desaparición, las autoridades les comentaron que solo se podía reportar “después de 72 horas”.

Las 72 horas para reportar a una persona como desaparecida sigue siendo una de las principales trabas de las autoridades para emprender acciones y encontrar a una persona reportada como desaparecida, hasta la fecha, familias de búsqueda han denunciado esta anomalía, una constante que se suma a la indolencia e indiferencia de quienes deberían responder de forma inmediata.

Cabe mencionar que, al denunciar la desaparición de una persona, las autoridades deben levantar el reporte correspondiente y de esta forma comenzar las primeras labores de búsqueda, así como el levantamiento de la ficha, para poder compartirla por distintos medios.

La familia de Diana Velázquez emprendió medidas de búsqueda por su cuenta, sin dar con su paradero, tras varias llamadas a uno de los teléfonos que Diana traía, una fue contestada, sin embargo, les informaron que ese dispositivo se los habían vendido en un tianguis.

Por lo que, sin pensarlo, la familia acudió de nueva cuenta al MP, logrando que se emitiera un boletín de búsqueda, por lo que comenzaron con la difusión para encontrar a Diana. Mientras Lidia Florencio repartía los boletines, familiares acudían con autoridades hasta llegar al Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, lugar que ya habían visitado, pero en su caso, la encontraron 5 días después.

En testimonios que ha brindado Lidia Florencio en distintas entrevistas, relata que las autoridades ni siquiera le pudieron decir a dónde dirigirse para poder seguir con la denuncia, como se da de manera constante en la actualidad, pues no siguen protocolos y ante el asesinato de una mujer, la clasificación se queda en homicidio.

La familia de Diana Velázquez fue enviada a la Fiscalía de Homicidios, quienes la enviaron a la Fiscalía Especializada de Feminicidios, lugar donde se abrió la carpeta de investigación. Cuando tuvieron acceso a la carpeta, se dieron cuenta que el cuerpo sin vida de la víctima había sido dejado alrededor de las 5 de la mañana del mismo día en que desapareció, las autoridades acudieron al lugar por el reporte de vecinos de la zona, quienes habían visto a un hombre abandonando el cuerpo.

Quien realizó el peritaje en el lugar, tardó 15 minutos y nunca tomó en cuenta lo que se encontraba en los alrededores del sitio. Con estas omisiones, se entorpecieron las investigaciones iniciales, la necropsia inició a las 2 de la tarde del siguiente día en que Diana desapareció, por lo que desde ese momento, las autoridades ya sabían que se la víctima era una mujer.

Pero ante la incompetencia de los servidores públicos, Diana Velázquez fue reconocida cinco días después. Las autoridades insistieron en darle pronta sepultura a la víctima.

Las autoridades cometieron múltiples omisiones, desde la falta de reconocimiento hasta el silencio sobre el caso, ya que por mucho tiempo no se comunicaron con su familia para informar sobre los avances de la investigación.

Para que los agentes de investigación comenzarán con las diligencias pasaron meses, casi a finales de diciembre de 2017. La inacción e indolencia ha llevado a que la justicia llegue tardía. Aun cuando la recomendación de las distintas autoridades sigue siendo que las familias no hagan ruido, Lidia Florencio vio que solo alzando la voz es como las autoridades realizan lo que les corresponde.

La presión y la unión de las familias son el motivo principal para que las autoridades den respuesta. La versión de la fiscalía sobre este feminicidio establece que Jesús Alejandro Montes Moreno manejaba un mototaxi prestado, la noche del 1 de julio le hizo la parada otro sujeto, quien le dijo que fueran a buscar a alguna persona que les vendiera droga, estos se encontraban por avenida Nezahualcóyotl que colinda con el municipio de Chimalhuacán.

Los hombres vieron a Diana y se acercaron para asaltarla con un arma blanca, por lo que la víctima se resistió, los sujetos la subieron a la fuerza al mototaxi, en un lugar baldío ubicado en la calle Francisco I. Madero, ahí el hombre no identificado hasta la fecha, ejerció violencia sexual en contra de la joven.

Jesús Alejandro alegó que se negó a violentar sexualmente a Diana, pero el sujeto le dijo que la asesinara, y éste, lo obedeció. Hasta la fecha no se sabe quién es el otro hombre implicado en el crimen, ya que Jesús Alejandro es quien abandonó el cuerpo de Diana.

Jesús Alejandro confesó todo a su pareja sentimental, la cual fue testigo en el juicio, pero este llegó años más tarde. Ya que este hombre fue detenido hasta junio de 2020, en plena pandemia, en tres años nunca hubo avances ni líneas de investigación, las autoridades se mantenían estoicas y los casos de feminicidios cada vez más en aumento.

Luego de un plantón en el que se mantuvieron familiares de Diana en 2020, las autoridades se acercaron para comunicarles que una persona había sido detenida. La sentencia contra Jesús Alejandro Montes Moreno, llegó el 14 de enero de 2022, en los juzgados de Neza-Bordo, la cual alcanzó 93 años y 3 meses de prisión, además de una multa económica por reparación del daño.

El juez Martín Alvarado Arriaga determinó que las pruebas presentadas para probar la responsabilidad de Jesús Alejandro en el feminicidio de Diana eran irrefutables, por lo que la sentencia alcanzó la pena máxima, según el caso, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México.

De manera alarmante, en 2023 un Tribunal de Alzada le redujo 30 años la sentencia a Jesús Alejandro, presuntamente porque el MP no especificó que Diana estaba embarazada, es decir, se dictaron 62 años con tres meses en prisión.

“Un atropello para los derechos de las víctimas de feminicidio y sus familiares”, de esta forma han calificado la reducción de sentencia para feminicidas distintas organizaciones y madres como Lidia Florencio, quien hasta la fecha sigue exigiendo que las autoridades busquen y den con el paradero del segundo implicado en el feminicidio de Diana.

En este caso, la justicia ha tardado años, para dictar sentencia y avanzar en investigaciones la familia de Diana arropada por mujeres, colectivas y organizaciones como Amnistía Internacional han tenido que realizar distintas acciones que conllevan ejercer presión para las autoridades correspondientes.

Actualmente, la familia de Diana Velázquez busca que se sancione a los servidores públicos omisos e indolentes que cometieron errores en el caso, pero se han topado con la situación de que algunos ya no trabajan en las dependencias, incluso, ya han fallecido, además de la corrupción enraizada en las instituciones del municipio de Chimalhuacán.