El hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en un crematorio privado Plenitud de Ciudad Juárez el pasado 26 de junio ha puesto en el centro del debate el respeto a los derechos de las personas fallecidas y la necesidad de una investigación efectiva por parte de las autoridades mexicanas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó este viernes a las instancias federales y locales a esclarecer el caso y garantizar que las familias obtengan verdad y justicia.
El caso se hizo público el 26 de junio, cuando cuerpos y osamentas fueron encontrados apilados en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa de Ciudad Juárez.
Las autoridades identificaron la implicación de al menos seis funerarias locales que, según las indagatorias, cobraron por incineraciones que nunca se realizaron, lo que ha dejado a cientos de familias en incertidumbre sobre el destino real de los restos de sus seres queridos.
Desde entonces, decenas de personas han buscado información y se han formado largas filas fuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con la esperanza de identificar a sus familiares.
En su posicionamiento, la ONU-DH recordó que los Estados tienen la obligación de proteger los cuerpos de las personas fallecidas y de garantizar que sus derechos continúen siendo respetados, en línea con los estándares del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU publicado el año pasado por Morris Tidball-Binz.
En dicho informe también señala que la dignidad y el respeto a los restos humanos no termina con la muerte. La alteración o el trato indebido de los cadáveres, advierte, puede dañar tanto a personas como a sociedades, y cuando se trata de muertes ilícitas, estos actos pueden entorpecer el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
El informe del relator especial expone que las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos y a recibir los restos de manera digna, respetando preferencias personales o culturales. También subraya que, aunque la gestión de cadáveres pueda delegarse a empresas privadas, el Estado debe asegurar la adecuada identificación, peritajes independientes y el acceso de las familias a un proceso de duelo digno.
La ONU-DH considera que el Estado mexicano debe responder con acciones que vayan más allá de las sanciones penales contra los responsables y deben incluir medidas de reparación integral y protocolos que prevengan la repetición de casos similares.
Mientras tanto, unas 600 personas han solicitado mayor claridad sobre el paradero de sus familiares, mientras continúan las investigaciones y crece la exigencia por la identificación, el trato respetuoso y el acceso a la justicia.
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