Nuevos ministros de la Suprema Corte asumirán rezago de más de mil 300 casos

A partir del próximo 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará una nueva etapa marcada por una profunda transformación estructural y operativa, con una carga acumulada de mil 350 expedientes pendientes de resolución y la llegada de nuevos ministros en su mayoría sin trayectoria judicial previa.

De acuerdo con datos oficiales del máximo tribunal hasta el 27 de junio, existen 304 casos pendientes de resolución ya turnados a ponencia, 333 asuntos en trámite y 93 expedientes que no serán enlistados en las últimas sesiones del pleno ni de las salas.

Además, se suman 169 asuntos que llegaron después del 16 de abril y que no fueron asignados debido al acuerdo general plenario 3/2025, así como 26 controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad aún sin trámite.

En esta nueva etapa, la SCJN funcionará únicamente con nueve ministros y sin las dos salas especializadas, lo que implicará que todos los asuntos sean discutidos directamente en el pleno, un cambio que podría ocasionar cuellos de botella, según advirtió Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente electo del tribunal.

“Puede ser que estemos resolviendo muy pocos asuntos por mes, por eso buscaremos un nuevo mecanismo para operar”, reconoció el también abogado mixteco, quien será el encargado de encabezar la nueva Corte.

El Poder Judicial recortó el número de sesiones desde abril y congeló la admisión de nuevos temas hasta que los actuales integrantes concluyan su gestión el 31 de agosto. La medida busca permitir que se dicten sentencias pendientes, pero incrementará la carga de trabajo para quienes asumirán en septiembre.

El principal reto será técnico y operativo. De los nueve ministros que integrarán el nuevo pleno de la Corte, sólo tres tienen experiencia jurisdiccional: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres.

“El trabajo de un juez o magistrado es muy técnico. Las personas que nunca han trabajado en un órgano jurisdiccional enfrentarán un reto enorme”, advirtió Adriana Ramos León, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.

Pedro Hernández, funcionario judicial con experiencia en tribunales laborales, alertó sobre los riesgos de designar a personas sin trayectoria previa: “Van a cometer barbaridades, sin lugar a dudas. En penal, donde todo se resuelve en vivo, no van a saber cómo manejar derechos del imputado ni de las víctimas”.

Según Hernández, el rezago ya es una constante en los tribunales. En Michoacán, por ejemplo, los amparos que se resolvían en seis meses ahora tardan hasta un año, un retraso atribuido también al paro laboral del año pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la entrega de constancias de mayoría a los nuevos jueces y magistrados electos, al señalar que con esta transformación “se terminaron las relaciones personales, los privilegios y los favores”.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que “lo que está de fondo en estas impugnaciones de la oposición es que ya no habrá relaciones personales ni privilegios dentro del Poder Judicial”, y afirmó que los nuevos juzgadores fueron elegidos por el pueblo para garantizar justicia y erradicar la corrupción.

También aseguró que el nuevo sistema busca eliminar prácticas como la condonación de impuestos y los vínculos entre políticos y jueces. “Muchos se molestaron porque se les acabó el trato especial”, dijo, en alusión a figuras empresariales y políticas.

Especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles han advertido que la reforma judicial pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y, con ello, la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.

Azul Aguilar, académica del ITESO y autora del informe “La independencia judicial en jaque”, señaló que México podría seguir el camino de países como Nicaragua o Bolivia, donde las sentencias responden más al poder político que al Estado de derecho.

“Con jueces electos sin experiencia y dependientes del gobierno, el sistema judicial ya no protegerá a las víctimas. La Corte perderá poder para declarar inconstitucionales leyes que violen derechos humanos”, advirtió Carolina Jiménez, directora de WOLA.

En tanto, Susana Camacho, de México Evalúa, expresó que la calidad de la justicia es el factor más vulnerable con esta reforma. Alertó sobre temas clave como la prisión preventiva oficiosa, cuyo análisis fue suspendido en la Corte a la espera de que los nuevos ministros retomen la discusión.

Desde el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Jorge Montaño reconoció para La Razón de México que el proceso puede perfeccionarse en futuras ediciones, como la prevista para 2027. Aunque aseguró que “las elecciones se hicieron bien”, sostuvo que hay áreas de oportunidad.

“Aprenderemos de los aciertos y de lo que se puede mejorar. Para este proceso ya no hay vuelta atrás, pero sí se pueden ajustar mecanismos para el próximo”, comentó Montaño Ventura.

Se prevé que los nuevos ministros, magistrados y jueces tomen protesta el 1 de septiembre durante una sesión solemne en el Senado. La Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y las salas regionales del PJF iniciarán funciones con los nuevos perfiles elegidos por voto popular.