Ante las medidas que se han ido tomando con las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio de un proceso de escisión del negocio fiduciario de las dos primeras instituciones mencionadas.
Esta medida forma parte de una intervención gerencial alineada con la Ley de Instituciones de Crédito y tiene el objetivo de garantizar la operación continua de los fideicomisos actualmente gestionados por ambas instituciones. El procedimiento se realizará conforme a la normativa financiera vigente y en coordinación con las autoridades supervisoras del sector.
La estrategia de Hacienda contempla la transmisión temporal del negocio fiduciario a entidades pertenecientes a la banca de desarrollo mexicana. Esta transferencia busca asegurar que los fideicomisos operen sin interrupciones en beneficio de los fideicomitentes, beneficiarios y otros terceros relacionados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras brindarán acompañamiento y supervisión permanente durante todo el proceso, manteniendo los controles regulatorios y operativos necesarios para proteger los intereses del público usuario.
Paralelamente, se pondrá en marcha un esquema orientado a facilitar la transmisión definitiva del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas. El propósito de este esquema es crear condiciones que garanticen la continuidad, legalidad y certeza para los involucrados y para todos los participantes del sistema financiero.
Lo anunciado por la Secretaría de Hacienda la tarde de este 4 de julio, es parte de una serie de medidas que se han ido tomando luego de que el pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una entidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, diera a conocer la emisión de órdenes de CIBanco, Intercam Banco y Vector, por su presunta implicación en delitos como lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides.
Por este motivo, la CNBV dio a conocer el 26 de junio la intervención gerencial “temporal” conforme al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de proteger los intereses de ahorradores y acreedores, “la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
Por su parte la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado el 1 de julio, en el que reafirma que ambas instituciones no se encuentran impedidas para operar dentro del sistema financiero mexicano.
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