¿Cuáles son las diferencias entre okupas y paracaidistas y por qué son un riesgo para los dueños de viviendas?

Así, la diferencia entre “okupa” y “paracaidista” se basa en la intención y el contexto de la ocupación ilegal de una propiedad

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El edificio okupado 'Los Blokes
El edificio okupado 'Los Blokes Fantasma' en Barcelona en 2023. (David Zorrakino/Europa Press)

Aunque tienen bastantes similitudes como la invasión del territorio o de construcciones abandonadas, los paracaidistas y los okupas son movimientos sociales diferentes, con diversas motivaciones, aquí te explicamos cuáles son:

El movimiento okupa es una corriente social que promueve la “okupación” de viviendas o locales deshabitados para destinarlos a vivienda, actividades comunitarias, culturales o políticas; se originó en España hace décadas.

Su objetivo central es denunciar las barreras económicas para acceder a una vivienda y señalar las consecuencias de la especulación inmobiliaria. La okupación suele presentarse como una forma de protesta y defensa del derecho a la vivienda, impulsando el uso social de espacios abandonados.

El movimiento reúne diversas ideologías y grupos, algunos vinculados a tribus urbanas, y ha adoptado enfoques subculturales y políticos, especialmente desde mediados de los años ochenta. La diferencia entre “okupar” y “ocupar” se encuentra en el matiz político: la primera implica una acción deliberada de denuncia social. Modelos extranjeros como los “squatters” ingleses y neerlandeses influyeron en el desarrollo de esta expresión en España.

El marco legal sobre la okupación varía internacionalmente. En la mayoría de los países, los propietarios pueden denunciar la ocupación como delito, aunque existen naciones donde se permiten excepciones temporales. El término “okupa” se ha extendido en el uso cotidiano y en la prensa y se emplea para referirse tanto a las personas como a los espacios ocupados.

¿Qué son los paracaidistas?

Por otra parte, en México, la invasión ilegal de propiedades, conocida como “paracaidismo”, representa una problemática que impacta a propietarios de viviendas y terrenos. Este delito, identificado legalmente como despojo de inmueble en el Código Penal Federal, contempla sanciones de hasta cinco años de prisión, así como multas económicas.

El fenómeno abarca no solo la ocupación indebida de casas o terrenos, sino también conductas como amenazas, violencia o la falsificación de documentos para aparentar la posesión legítima de un bien. De acuerdo con el artículo 395 del Código Penal Federal, el despojo de un inmueble ocurre cuando una persona o grupo se apropia de una propiedad privada sin autorización del titular.

El delito puede configurarse por el ingreso sin permiso a una vivienda, la negativa a desalojarla tras concluir un contrato de arrendamiento o el uso de documentación apócrifa para reclamar derechos sobre la propiedad. La legislación federal prevé agravantes: si el despojo se comete con violencia, amenazas o involucra a más de cinco personas, las penas de prisión pueden aumentar un año adicional.

Así, la diferencia entre “okupa” y “paracaidista” se basa en la intención y el contexto de la ocupación ilegal de una propiedad. Mientras que un “okupa” generalmente habita una propiedad como forma de protesta o necesidad, a menudo con una motivación política o social, un “paracaidista” se refiere a la ocupación de terrenos o casas, usualmente sin permiso, con la intención de establecerse permanentemente en el lugar, a menudo con fines de lucro o especulación.

Pese a que tanto los dueños de propiedades, como quienes invaden territorios vacíos -ya sean okupas o paracaidistas- poseen argumentos, en México se considera un delito, más allá de una protesta política, por lo que los invasores enfrentan sanciones que van de tres meses a cinco años de prisión y multas y estas penas aumentan si hay violencia, amenazas o falsificación de documentos u otras agravantes.

Para recuperar una propiedad invadida en México, el propietario debe reunir pruebas de propiedad, como escrituras o recibos de servicios, y presentar una denuncia ante el Ministerio Público con apoyo de un abogado inmobiliario. Si la documentación es válida, puede emitirse una orden de desalojo. Ante inmuebles adquiridos por Infonavit o FOVISSSTE, se sugiere solicitar ayuda directa a estas instituciones.