
Pocos documentos han dejado una huella tan profunda en la historia mexicana como el Programa del Partido Liberal Mexicano (PLM), publicado el 1 de julio de 1906. Considerado una de las bases ideológicas de la Revolución Mexicana, este manifiesto no solo denunció las condiciones sociales, económicas y políticas del Porfiriato, sino que propuso reformas avanzadas para su tiempo y su influencia se refleja en las transformaciones sociales y legales que definirían el México moderno.
Al inicio del siglo XX, México vivía bajo la dictadura de Porfirio Díaz, un régimen marcado por la represión, la concentración de riqueza y la ausencia de libertades políticas. Frente a este panorama, un grupo de opositores, encabezados por los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, decidió organizarse.
Tras severas persecuciones, de acuerdo con información publicada por la comisión Nacional de los Derechos Humanos, los hermanos Flores Magón y muchos de sus compañeros se vieron obligados a exiliarse, estableciendo la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Desde allí, con la meta de movilizar a los mexicanos contra la dictadura, publicaron el programa en el periódico Regeneración.
Contenido del Programa del Partido Liberal Mexicano

El documento surgió de la experiencia directa de injusticia y de la convicción de que el país necesitaba una transformación profunda. Los magonistas identificaron los principales males de la época: desigualdad, explotación laboral, falta de educación, concentración de tierras y poderes excesivos del clero y el ejército. Su programa se propuso enfrentar estas problemáticas con una visión integral y adelantada para su época.
El programa pidió la reducción del periodo presidencial a cuatro años y prohibió la reelección inmediata de presidentes y gobernadores. También propuso suprimir el servicio militar y abolir la pena de muerte salvo en casos de traición a la patria.
Una de las propuestas fue la reforma de los artículos 6º y 7º constitucionales para eliminar las restricciones a la libertad de palabra y de prensa, permitiendo una vida pública más democrática y abierta al debate.
El documento exigió la multiplicación de escuelas primarias y declaró obligatoria la instrucción hasta los 14 años, tanto en escuelas oficiales como particulares. Propuso que la educación fuera totalmente laica y que se prohibieran las escuelas regentadas por el clero. Además, planteó la enseñanza de oficios artesanales, rudimentos militares y asignaturas cívicas.

En cuanto derechos laborales y justicia social, el programa se adelantó a su tiempo al establecer la jornada máxima de ocho horas, un salario mínimo adecuado a la región, descanso dominical obligatorio, prohibición total del trabajo infantil y obligación patronal de mantener condiciones higiénicas y seguras en lugares de trabajo.
Sobre este asunto el programa buscó prohibir el pago en especie o en tiendas de raya y defendió indemnizaciones por accidentes laborales. También exigió la nulidad de las deudas de los campesinos con los hacendados y medidas para proteger a los medieros y arrendatarios.
El documento estableció que los propietarios debían poner en producción todas sus propiedades agrícolas, bajo amenaza de expropiación para quienes mantuvieran extensiones improductivas. Además, planteó que el Estado entregara tierras a quienes quisieran trabajarlas y la creación de bancos agrícolas para facilitar el acceso al crédito campesino.
El Programa del PLM no solo es precursor de gran parte de la legislación surgida durante y después de la Revolución, sino que catalizó el descontento social y sirvió de inspiración a obreros, campesinos y jóvenes mexicanos decididos a transformar el país.
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