Ley de Seguridad Pública abre puerta a vigilancia masiva sin control judicial, advierte Perteneces A.C.

Este fin de semana, las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo propósito es fortalecer las funciones operativas y de coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch.

De acuerdo con la organización civil Perteneces A.C., esta normativa permite el acceso gubernamental en tiempo real a datos personales y de ubicación de cualquier persona sin necesidad de autorización judicial, sin que exista sospecha fundada de delito y sin requerimiento de notificación al afectado.

Según el informe de la organización, presidida por el abogado José Mario de la Garza, la legislación contempla el uso de herramientas tecnológicas para rastrear el posicionamiento por GPS, así como consultar información confidencial en bases de datos públicas y privadas.

Entre las instituciones cuyas plataformas podrían ser utilizadas se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instituciones bancarias, compañías telefónicas y plataformas digitales de transporte.

Las autoridades justificaron la norma bajo el principio de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, el mecanismo propuesto no establece la necesidad de control judicial previo ni de revisión por organismos independientes. Cualquier funcionario con atribuciones de seguridad podría ordenar la recolección y análisis de datos personales, geolocalización o historial de actividad digital, incluso en ausencia de indicios de delito, detalla la organización.

El acceso incluye datos médicos, fiscales, biométricos y de consumo, y la información recabada se organizará en “expedientes de riesgo”, sin establecerse parámetros objetivos para su clasificación. Entre los criterios que podrían dar lugar al monitoreo se encuentran la asistencia a manifestaciones públicas, la difusión de información en redes sociales o cualquier actividad que las autoridades consideren relevante o “incómoda”, subraya Perteneces A. C.

A pesar del alcance de la nueva legislación, no se establecen mecanismos de rendición de cuentas ni salvaguardas para proteger los derechos de las personas cuya información sea procesada. Hasta el momento, no se han anunciado lineamientos sobre la duración del resguardo de los datos, la posibilidad de impugnación ni procesos de verificación externa, alerta la organización.

La nueva legislación establece la creación del Sistema Nacional de Información, una red de bases de datos interconectadas accesibles para instituciones de seguridad, justicia, centros penitenciarios y C5. Este sistema busca mejorar la coordinación y consulta diaria de información en todos los niveles de gobierno, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Con su entrada en vigor, se deroga la ley de 2009 y se inicia una nueva etapa en la gestión de la seguridad. Sin embargo, la oposición y organizaciones civiles han criticado la rapidez del proceso legislativo y la falta de debate en torno a esta y otras reformas relacionadas.